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Publicado: Martes, 09 Julio 2013 15:36

El genocidio y los deberes de humanidad en el Código penal guatemalteco: su interpretación a partir de estándares internacionales

Alejandro Valencia Villa.

El presente artículo ha sido publicado en la Revista Opus Magna Constitucional Tomo VII, del mes de marzo de 2013. El objetivo del artículo es presentar algunos criterios basados en el derecho internacional que sirvan como estándares para una aplicación adecuada y efectiva del artículo 376 que consagra el delito de genocidio y del artículo 378 que tipifica los delitos contra los deberes de humanidad, ambos del código penal guatemalteco.

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Publicado: Jueves, 06 Junio 2013 15:33

Se ha dicho que las constituciones políticas de los Estados modernos, tienen por objeto primordial la ordenación de las relaciones humanas entre sí, su interacción con el Estado y la correlación de los órganos y ramas de éste en situaciones de normalidad. Sin embargo dada la incertidumbre de la condición humana, existen circunstancias que, por su naturaleza extraordinaria, exigen que el Estado, en aplicación de normas creadas ad hoc, tenga la autoridad de limitar algunos de los derechos reconocidos y consagrados en los textos constitucionales, con el objetivo de conjurar los hechos que motivaron tal restricción.

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Publicado: Miércoles, 29 Mayo 2013 11:58

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Publicado: Lunes, 20 Mayo 2013 16:59

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Publicado: Viernes, 17 Mayo 2013 16:06

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Publicado: Viernes, 19 Abril 2013 15:35

Comunicado de la Fundación Myrna Mack

La Fundación Myrna Mack, ante lo acontecido en el juicio que se desarrolla contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, manifiesta lo siguiente:

Que reflexiona sobre este momento histórico desde la experiencia de los juicios contra el hechor material y los hechores intelectuales del asesinato de Myrna Mack el 11 de septiembre de 1990. Experiencia dolorosa, pero a la vez esclarecedora de los hechos y de la racionalidad detrás de los mismos.

Que ve con preocupación que se repiten rasgos de los exhibidos hace doce años, en los que se niegan los hechos o se les justifica en nombre de la defensa del Estado. 

Que todo miembro adulto de la sociedad guatemalteca sabe que durante el conflicto armado interno fue vulnerada la condición humana de gran parte de la población, especialmente indígena de distintos pueblos mayas. Los ultrajes sufridos y hoy juzgados son reconocidos como crímenes de lesa humanidad.

Que es reconocido que el Estado de Guatemala no sólo no cumplió con la obligación de proteger a sus ciudadanos, sino que, por el contrario, fue desde la jerarquía de sus instituciones que se  perpetraron esos crímenes, lo cual  se refleja de manera patente por la magnitud y las características extremadamente crueles y abominables que los caracterizaron.  

Que lo anterior explica, en gran medida, los graves efectos negativos en la convivencia y desarrollo de las actuales relaciones de la sociedad guatemalteca, como históricamente se ha evidenciado en otras sociedades postconflicto. En este estado actual de ausencia de límites morales influye, si no únicamente sí en gran medida, la impunidad ante tales crímenes.

Que las víctimas que han tenido el coraje de asistir a los tribunales para relatar la tragedia de las muertes de los suyos, las violaciones sexuales sufridas en su niñez, el hambre por la persecución y el desplazamiento han sido sometidas a un nuevo ultraje y revictimización con la anulación de lo actuado en el juicio, decisión en la que dolorosamente vemos que no prevalece la justicia sino los asuntos secundarios procesales de forma en su aplicación, así como la estrategia de la defensa que, ante pruebas abrumadoras, opta por no arriesgarse a una defensa técnica y utiliza medios espurios, lo que demuestra que se litiga de forma maliciosa, para evitar ir a juicio y que se conozca la verdad. Ya veíamos, expresiones del ultraje en el ambiente de intolerancia, amenazas veladas o abiertas  y expresiones de discriminación y racismo que se daban en las semanas que duró el debate.

La Fundación Myrna Mack lamenta y condena que en el orden moral y jurídico, el desarrollo del juicio al que nos referimos corra el riesgo de no constituir un hecho histórico y fundamental capaz de contribuir a  la sanación de las heridas psicológicas y morales de esta sociedad, que no traslade un mensaje claro de “nunca más” y que no abra la perspectiva real de una convivencia pacífica y democrática en la que nadie pueda pisotear la dignidad del otro, independientemente de su extracción social.

Por lo que consideramos que la Sala de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad tienen en sus manos ser coherentes con lo que anteriormente resolvieron, además de que con sus decisiones tienen en este momento la gran responsabilidad de no lanzar por un despeñadero el Estado Democrático de Derecho y la poca confianza que se tiene en el sistema de administración de justicia.

Por otra parte, según el  artículo 54 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad,  el cual establece que el funcionario que incumple una orden de amparo, de oficio se le debe ordenar su encausamiento y certificar lo conducente; además que si el funcionario goza de antejuicio se certifique lo conducente al organismo o tribunal que corresponda para que conozca del caso,  por lo tanto exigimos  que se proceda de acuerdo a ley contra la jueza del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo.

La esperanza es que los funcionarios judiciales actúen con celeridad e imparcialidad y logren impartir la justicia tan anhelada por los guatemaltecos. El ámbito de la justicia es el ámbito para dirimir las diferencias de manera no violenta. De aquí la importancia de un sistema judicial confiable e incorruptible.

Guatemala, 19 de abril de 2013

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Publicado: Viernes, 19 Abril 2013 11:16

GINEBRA (18 de abril de 2013) – “No existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia, tal como lo plantean las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, señaló hoy un grupo de expertos de Naciones Unidas en la fase final del juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el ex Jefe de Estado de Guatemala Efraín Ríos Montt, y su ex Jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez.

“Estos procesos de justicia son cruciales para la realización de los derechos de las víctimas, incluidos el derecho a la verdad, la justicia, reconstrucción de la memoria histórica, la reparación y las garantías de no repetición”, señaló el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. “Sin embargo, ninguno de estos elementos pueden concebirse como una alternativa a la justicia.”

Frente a la información recibida por los expertos sobre intentos de injerencia, así como supuestas amenazas e intimidaciones contra los operadores de justicia involucrados en este juicio, la Relatora Especial sobre independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, recalcó “la necesidad de asegurar un ámbito propicio para el ejercicio de sus funciones.”