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Publicado: Viernes, 16 Mayo 2014 17:01

La ausencia de elemental ética política
del Congreso de la República

Con la aprobación del Punto Resolutivo 3-2014 del Congreso de la República, 87 diputados de diferentes bancadas no solo negaron de manera servil e irresponsable las atrocidades que poblaciones indígenas padecieron durante el CONFLICTO ARMADO INTERNO; sino que también faltaron a uno de los principios básicos del Estado de Derecho, el de división o separación de poderes, cuya característica fundamental es la de propiciar un gobierno de poderes limitados; en donde al Organismo Legislativo le corresponde la función de "crear leyes"; y no la de "aplicar las leyes o la de declarar derechos en casos controvertidos".

Sin embargo, con el referido punto resolutivo, el Congreso de la República se extralimita de sus funciones al hacer una declaración de derecho; puesto que a este Organismo no le corresponde, bajo ninguna circunstancia, afirmar que la legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales señalados dentro del llamado "juicio del siglo" resultan jurídicamente inviables para que se dieran en Guatemala, principalmente el genocidio. Una declaración de este tipo, en todo caso, debe emanar del Organismo Judicial.

Si la construcción de un Estado Democrático de Derecho tiene múltiples opositores en el país, esta demostración del que debiera ser el principal Órgano Político del Estado, demuestra que es en el Estado mismo y en los poderes fácticos que realmente dirigen este organismo, donde están los actores que echan por tierra la posibilidad de construir el mencionado Estado Democrático de Derecho.

La flagrante intromisión en las funciones de otro Poder del Estado, la cínica intención de congraciarse con poderes fácticos económicos, políticos y militares, afectados por las consecuencias de coronar exitosamente el juicio de genocidio contra Efraín Ríos Montt y la condena indirecta para el actual edificio estatal, que mediante la impunidad, protege los privilegios de estos poderes, no pueden ser disimulados con el palabrerío sobre "estudio de la legislación vigente emitida en el marco de los Acuerdo de Paz", la descarada "exhortación al Organismo Ejecutivo para que trabaje arduamente en encontrar políticas públicas y medidas que tiendan a sustentar, defender y mantener el espíritu de reconciliación" o el cinismo de "instar al Organismo Judicial a administrar justicia con imparcialidad, observando siempre el principio que la Constitución Política de la República".

Los hechos, que no las palabras, demuestran que el Congreso de la República deslegitima el sistema de "controles" políticos de la república y destruye lo poco que quedaba de validez política del sistema.

No es de esta forma y con acciones inaceptables, sin ética política, que atropellan del sentido de la Constitución y el ordenamiento legal, como se construirá el país democrático, incluyente y equitativo al que todos aspiramos.

El Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar a las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos y a la sociedad en general la posibilidad de que se haga justicia, único mecanismo legítimo para la reconciliación y la garantía que los crímenes perpetrados no volverán a ocurrir en el futuro.

La jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos tales como Barrios Altos (Chumbipuna Aguirre y otros vs. Perú); Almonacid Arellano y otros vs. Chile; Gomes Lund vs. Brasil; y Gelman vs. Uruguay, es manifiesta en afirmar la necesidad de que se garantice el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la reparación digna de las víctimas.

Las obligaciones del Estado en esta materia constituyen una herramienta que contribuye a cimentar los vínculos entre las necesidades de justicia y paz pues entiende que la solución no puede ser amnistía de ninguna naturaleza ni mucho menos el olvido. La paz y la reconciliación no se logran mediante puntos resolutivos, decretos o declaraciones espurias de la naturaleza que fueren. Sin verdad y justicia no hay paz.

Guatemala, 15 de mayo de 2014

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Publicado: Viernes, 09 Mayo 2014 00:00

Boletín de Observancia No. 2 - Abril 2014

Observatorio de Violencia Criminal

Estudios e informes concuerdan en un mismo hecho: la violencia se constituye en una pesada carga para la región latinoamericana. En Guatemala en particular esta situación se hace evidente debido a la alta incidencia delictiva registrada por instancias de seguridad y justicia como lo son la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

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Publicado: Miércoles, 30 Abril 2014 17:12

Comunicado de la Fundación Myrna Mack sobre la nómina de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público

Compartimos con ustedes el comunicado de la Fundación Myrna Mack sobre la nómina de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público

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Publicado: Martes, 08 Abril 2014 00:00

Comunicado sobre la resolución del tribunal de honor del CANG

La Fundación Myrna Mack ve con profunda preocupación el hecho de que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, haya resuelto sancionar a la juez Yassmin Barrios por una supuesta falta a los preceptos contenidos en el Código Deontológico que rige para el ejercicio profesional de los abogados y notarios.  
 

Guatemala, 8 de Abril del 2014

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Publicado: Viernes, 07 Marzo 2014 17:32

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Publicado: Lunes, 03 Marzo 2014 16:17

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Publicado: Lunes, 03 Marzo 2014 10:01

La pérdida de otra vida útil

Con profunda consternación hemos recibido la noticia de la trágica muerte del Magistrado César Ricardo Crisóstomo Barrientos Pellecer, Vocal II de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. En el clima de incertidumbre, violencia e inseguridad que vivimos los guatemaltecos este tipo de hechos se suma a la frustración.

El Doctor Barrientos Pellecer hizo grandes aportes en el ámbito de la justicia de nuestro país y se caracterizó siempre por su sencillez y don de gente. Su obra, especializada en derecho penal, fue producto de su preocupación y necesidad de reforma y modernización del sistema jurídico, no sólo  guatemalteco sino de otros países centroamericanos como Honduras y Nicaragua. Sus aportes desde la cátedra y la magistratura han sido fundamentales para el desarrollo del campo del Derecho.

Su larga trayectoria como profesional del Derecho y su coherencia en compartir y aplicar sus conocimientos de justicia, hicieron de él una persona íntegra, honorable y confiable. Su muerte es una irreparable pérdida no sólo para su familia y el gremio de abogados, sino para el país.

Hoy la injusticia y la impunidad estarán regodeándose por la pérdida de otra vida útil que buscó siempre el fortalecimiento del Estado de Derecho en beneficio del bien común. Por esa razón condenamos enérgicamente las presiones psicológicas y emocionales para tener ventajas políticas que son anti-éticas, de las cuales el Doctor Barrientos Pellecer fue sin duda una víctima más, y que lo pudo haber orillado a tomar esta fatal decisión.

Desde la Fundación Myrna Mack nos solidarizamos con su familia, sus colegas Magistrados de la CSJ, sus colegas abogados y sus amigos.

Guatemala, 3 de marzo de 2014