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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK
ANTE LA PRECARIA SITUACIÓN ÉTICA Y DE CREDIBILIDAD
QUE ATRAVIESA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A LA OPINIÓN PÚBLICA

HACE SABER:

Que interpuso ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial denuncia en contra la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA, por haber cometido violaciones a la Constitución Política de la República, la Ley de Carrera Judicial y las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial.

El 13 de diciembre de 2016 la Magistrada SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA difundió un comentario de Ricardo Méndez-Ruiz, a través de WhatsApp, en el que se calumnia y difama a Helen Mack, sin siquiera haber leído la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Diario Militar, sentencia que no se ha cumplido, razón por la que Guatemala fue declarada en desacato por incumplimiento de sentencia. Además WhatsApp no es una red social como lo son Twitter y Facebook, dicho comentario sale de su teléfono móvil de uso personal y/u oficial.

Es inaceptable que la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia comprometa su imparcialidad y con ello la credibilidad de la Magistratura, externando y difundiendo información malintencionada. El Organismo del Estado que por excelencia debe ser independiente e imparcial está siendo presidido por una persona que actuó en detrimento de la justicia, los derechos humanos, el derecho internacional y que se olvidó de la sujeción a la ley y del respeto a la Constitución y, con ello, violentó los valores, principios éticos y objetivos del Organismo Judicial. Su acción al haber reenviado y difundido la calumnia y difamación expresa su criterio como presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y envía un nefasto mensaje a los jueces y magistrados que tramitan casos de derechos humanos. Estos hechos hacen meritoria la renuncia al cargo de la denunciada.

La garantía de imparcialidad y apego a los principios y valores que inspiran la administración de justicia exige que, todos y cada uno de quienes integran la Corte Suprema de Justicia, se comporten conforme los preceptos éticos y legales en lo público como en lo privado, absteniéndose de expresar por cualquier medio, su parecer de la naturaleza que sea. La ética está vinculada con el requisito constitucional de reconocida honorabilidad estipulado en los artículos 113, 207 y 214 de la Constitución.

Por lo anterior, la Fundación Myrna Mack espera que la Junta de Disciplina del Organismo Judicial resuelva conforme a derecho la denuncia planteada y en consecuencia, decrete la SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SALARIO de SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA de manera que se establezca el precedente de que nadie está por encima de la ley.

Guatemala, 16 de enero de 2017

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Ante la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad
dentro del Amparo interpuesto por la elección de
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
HACE SABER:


Al interponer una acción de amparo la Corte tiene la posibilidad de decretar el amparo provisional, es decir, tiene la posibilidad de proteger los derechos violados mientras se dicta la sentencia definitiva.

En el caso iniciado por la elección de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, la Corte de Constitucionalidad se negó a proteger provisionalmente los derechos que fueron vulnerados, manteniendo vigentes las violaciones denunciadas. Estas violaciones son de distinta naturaleza y afectan a distintas personas.

Al permitir que un Magistrado Suplente participara en la elección de Presidente de la CSJ, se le negó la posibilidad de elegir y ser electo a quien resultaría nombrado como Magistrado Titular, quien fue la Licda. Elizabeth Mercedes García Escobar.

La propia Licda. Valdés ha expuesto dentro de la acción de amparo, que estando por vencerse el período del actual Presidente de la CSJ y ante la falta de certeza respecto a la elección del nuevo Magistrado Titular, se integró el pleno de la CSJ con un Magistrado Suplente y, el 26 de septiembre, se llevó a cabo la sesión extraordinaria para la elección de Presidente de la CSJ. Sin embargo, fue tan sólo un día después de electa la Licda. Valdés como nueva Presidenta de la CSJ y del Organismo Judicial, es decir el 27 de septiembre, que el Congreso de la República eligió a la nueva Magistrada Titular, tal y como lo habían difundido diversos medios de comunicación en días anteriores. Lo anterior, sumado a que el voto del Magistrado Suplente fue determinante para elegir a Silvia Patricia Valdés Quezada como Presidenta de la CSJ, llama fuertemente la atención y despierta una serie de suspicacias que cuestionan no sólo la legalidad de la elección, la cual claramente violentó el debido proceso, sino además atenta contra la independencia judicial.

Además, las violaciones cometidas afectan a todos los guatemaltecos porque la confianza en el sistema de justicia del país se quebranta al saber que la CSJ y el Organismo Judicial es presidido por una persona electa dentro de un proceso seriamente cuestionado que no garantiza la independencia e imparcialidad y que por lo tanto, posibilita que atienda exigencias que no necesariamente responden a la justicia.

Hacemos un llamado a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que analicen la posible existencia de conflictos de interés dentro de la tramitación y resolución del Amparo interpuesto y, de ser así, recordamos que la ley los faculta para inhibirse dentro del caso con el objetivo de garantizar la independencia e imparcialidad.

Por lo anterior y pese a la infortunada denegación del amparo provisional, exigimos a la Corte de Constitucionalidad que cumpla con su deber, que defienda la Constitución Política y con ello, garantice el respeto a la legalidad, al debido proceso, a la independencia judicial y al Estado de Derecho.

Guatemala, 12 de octubre de 2016

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Ante la reciente elección de
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia,
la Fundación Myrna Mack

HACE SABER:


El proceso mediante el cual se eligió a Silvia Patricia Valdéz Quezada como Presidenta de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- para el período 2016-2017 es nulo y, por lo tanto, la integridad de la CSJ es dudosa y se puede cuestionar.
La presidencia de la Corte Suprema de Justicia es rotativa, por lo que anualmente se elige a quien presidirá la CSJ y el Organismo Judicial. La elección, conforme a la ley, debe realizarse entre los 13 Magistrados que integran dicha Corte, quienes por mayoría calificada designan a quien presidirá uno de los poderes del Estado.

Debido a la renuncia del ahora ex magistrado Douglas René Charchal, el Congreso de la República debía elegir a quien lo sustituirá para finalizar el período para el cual fue electo; mientras esto sucedía, tal y como lo establece la ley, el pleno de la CSJ debía integrarse con un magistrado suplente electo de entre los Presidentes de las Salas de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, para conocer asuntos jurisdiccionales, no así para la toma de decisiones administrativas como lo es la elección de la Presidencia.

En la elección de la Licda. Valdéz Quezada, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia vulneraron el Debido Proceso ya que decidieron integrar el pleno con un magistrado suplente, sabiendo que elegirían a su nuevo Presidente y con ello, violaron lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley del Organismo Judicial.

La ilegal e ilegítima integración del pleno para la elección de Presidente de la Corte Suprema de Justicia despierta muchísimas suspicacias. ¿Qué pasaría si el magistrado suplente hubiese resultado electo como Presidente de la CSJ?, sabiendo que el magistrado suplente fue electo por la CSJ ¿podría existir un conflicto de intereses?, si el Congreso ya estaba en proceso de elegir al nuevo magistrado titular ¿cuál era la prisa en elegir a la nueva Presidenta?, ¿por qué violentar el debido proceso?, ¿existe algún interés específico en que la Licda. Valdéz Quezada presida la CSJ?, ¿acaso esto no pone en riesgo la imparcialidad de la Corte?

Como consecuencia de la irresponsable, ilegal e ilegítima decisión de los magistrados de la CSJ, la más alta magistratura del Organismo Judicial se encuentra en una penosa situación de descrédito, en donde su independencia e imparcialidad están en entredicho.

Exigimos a la Corte de Constitucionalidad que resuelva conforme a derecho la acción de Amparo interpuesta por la Fundación Myrna Mack, en la cual se señalan las irregularidades anteriormente expuestas y, hacemos un llamado a todos los guatemaltecos para juntos fiscalizar este proceso y así proteger la integridad del Organismo Judicial, la legalidad, el debido proceso y el Estado de Derecho.

Guatemala, 6 de octubre de 2016

 

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ANTE LOS HECHOS ACONTECIDOS EN SANTO DOMINGO XENACOJ

LA FUNDACIÓN MYRNA MACK

A LA OPINIÓN PÚBLICA

HACE SABER:

Que es alarmante que jóvenes guatemaltecos, organizados en el “Colectivo Festivales Solidarios”, que apoyan a las comunidades que protegen la vida y el territorio, hayan sido víctimas de amenazas, intimidaciones y agresiones verbales por parte de un grupo de aproximadamente cien personas, vestidas con túnicas negras, máscaras y pasamontañas, luego de participar en el festival comunitario RujotayQuchuq’a’, en el parque central del municipio de San Domingo Xenacoj del departamento de Sacatepéquez, el día sábado 16 de abril de 2016.

Es inaceptable que grupos armados no identificados, equipados con con pistolas tipo rifles, machetes, mangueras y palos, actúen dentro del territorio nacional con absoluta libertad, en evidente violación de los derechos humanos y en perjuicio de la manifestación pacífica de ideas a través de actividades lícitas.

Es urgente que las autoridades estatales actúen en el marco de sus atribuciones para esclarecer los hechos acontecidos. Que el Ministerio Público inicie una investigación adecuada, seria y eficaz para identificar a los responsables; que el Ministerio de Gobernación coadyuve a aclarar la posible utilización de vehículos con placas oficiales; y que derivado de ello, el Organismo Judicial deduzca las responsabilidades penales correspondientes.

La Fundación Myrna Mack exige una administración de justicia pronta y cumplida, que sirva como precedente para demostrar que de ninguna manera acciones ilegales, que atentan contra la dignidad, integridad y seguridad de las personas, quedarán en la impunidad.

Guatemala, 22 de abril de 2016

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ANTE LA ACTUAL CRISIS POLÍTICA NACIONAL,

AL PUEBLO DE GUATEMALA HACE SABER QUE:

Son diversos los actos de corrupción, componendas políticas y pago de favores que se están evidenciando actualmente y ante esto, el rol que deben desempeñar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad es fundamental.

Lamentablemente, por razones que la ley no prevé y que el sentido común no logra explicar, dichos órganos jurisdiccionales no han cumplido con la labor constitucional a ellos encomendada y con esto, están siendo cómplices de las aberraciones que se están cometiendo.

Varios ciudadanos han presentado los recursos y acciones legales pertinentes a efecto de frenar las constantes violaciones que se están cometiendo. Uno de ellos, en contra del proceso por el que Manuel Reginaldo Duarte Barrera fue designado por el Congreso de la República para ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, y otro, en contra de la Corte de Constitucionalidad por la ilegal toma de posesión de Duarte Barrera como magistrado de la misma.

Atendiendo a que dichas acciones fueron presentadas previo a que Otto Pérez Molina presentara acciones de amparo en contra del proceso de antejuicio que se está tramitando en su contra, exigimos que la Corte de Constitucionalidad resuelva el interpuesto en contra de la toma de posesión de Duarte Barrera; es inconcebible permitir que un Tribunal ilegítimamente integrado resuelva procesos de trascendencia nacional.

Los amparos interpuestos por Pérez Molina son una clara manifestación de la hipocresía de sus declaraciones, por una parte asegura que se someterá al debido proceso y por la otra, interpone cuanto recurso tiene a su alcance para atacar decisiones que le perjudican. Además, las violaciones que el aún Presidente de la República alega son inexistentes. Primero, argumentar que se está violando el principio que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, nos lleva a recordarle a él y a sus asesores legales que el antejuicio promovido por el diputado Amílcar Pop se relacionaba con el caso IGSS-PISA, mientras que el promovido por la CICIG y el Ministerio Público se refiere al caso "La Línea"; que Otto Pérez esté siendo señalado por más de un caso de corrupción, no significa que sólo pueda ser diligenciado un antejuicio. Segundo, que la Comisión Pesquisidora no atendiera los requerimientos formulados por Pérez Molina no constituye una violación al debido proceso, nuevamente es de recordarle a él y a su equipo de trabajo que la Comisión Pesquisidora no está obligada a acatar sus instrucciones, tienen la discrecionalidad de determinar la procedencia o no de cualquier solicitud.

En este orden de ideas la Fundación Myrna Mack reclama a Pérez Molina a que en un acto de humildad, de dignidad personal y de respeto al pueblo de Guatemala, lejos de promover acciones constitucionales con fines espurios, acepte someterse al proceso legal y preestablecido que corresponde, en el que tendrá ocasión de ejercer su derecho de defensa, con respeto a la presunción de inocencia como cualquier otra persona en el país. En caso contrario, si continúa en obstinada actitud, solo contribuye al debilitamiento institucional del Estado.

La Fundación exige a ambas Cortes que resuelvan los amparos considerando el propósito primordial para el cual se creó el Estado, la consecución del bien común, que en las actuales condiciones no está garantizado y que si ambas instancias no adoptan las medidas necesarias para su protección, será imposible de alcanzar.

Finalmente demanda del pleno del Congreso de la República que, como representantes del pueblo de Guatemala, escuchen el clamor popular que exige la resolución de la actual crisis política, permitiendo que Pérez Molina sea sometido a la justicia, a efecto que ante juez pueda dilucidar, como lo exige el debido proceso, su situación legal.

Guatemala, 31 de agosto de 2015.

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ANTE LA RESPONSABILIDAD QUE TIENE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN LA ACTUAL CRISIS POLÍTICA NACIONAL, LA FUNDACIÓN MYRNA MACK AL PUEBLO DE GUATEMALA HACE SABER QUE:

Reprocha enérgicamente la actitud asumida por la mayoría de diputados de las bancadas de los partidos políticos Libertad Democrática Renovada –LIDER- y Partido Patriota –PP- quienes no asistieron a la sesión durante la cual se conocería del antejuicio promovido en contra del ciudadano Otto Pérez Molina.

El proceder corrupto de los partidos LIDER y PATRIOTA de encubrir la impunidad ha enardecido el clamor popular de la Guatemala profunda, plural y diversa. Incidiendo directamente en la cooptación del Estado por parte de la delincuencia organizada.

La conducta indicada solo demuestra la necedad de los parlamentarios de hacer oídos sordos al clamor legítimo del pueblo de Guatemala, el cual exige que Pérez Molina enfrente la justicia.

De esta forma dejan de manifiesto que únicamente representan y protegen los intereses de personas y grupos que han ocasionado al país daños de incuantificable repercusión. Es más la descarada pasividad de los diputados frente al reclamo popular solo los hace objeto de la más fuerte censura.

Han dejado de ser dignatarios del Estado para convertirse en mezquinos comerciantes del erario público. Por si fuera poco ahora dedicados a defender a ultranza al jefe del Organismo Ejecutivo a través de diversas artimañas legalistas.

Asimismo dejan entrever sus auténticas intensiones respecto al Estado de Guatemala. Resulta notorio que quieren que las actuales circunstancias permanezcan inamovibles, puesto que las mismas les favorecen.

A lo dicho se suma que a pesar que el día de ayer se eligió por sorteo a quienes deberán integrar comisión pesquisidora que debe presentar informe al pleno del Congreso sobre si es meritorio retirar la inmunidad al Pérez Molina, una de las elegidas, la diputada Nineth Montenegro reclamó públicamente la ausencia e imposibilidad de encontrar a quien dirigirá dicha pesquisidora, el diputado Mario Linares.

Por lo expuesto la Fundación Myrna Mack, respalda a la diputada Nineth Montenegro a efecto que el trabajo que se le ha encomendado pueda realizarse en aras de los intereses de todos los guatemaltecos.

La Fundación exige al pleno del Congreso de la República que en un perentorio plazo, decida en definitiva, conforme la Constitución Política de la República y demás leyes ordinarias aplicables, lo que en el corazón de los ciudadanos de Guatemala es lo correcto: investigar y llevar a proceso a Otto Fernando Pérez Molina.

En la ciudad de Guatemala 28 de agosto de 2015.

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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK

A LA

OPINIÓN PÚBLICA HACE SABER

Que el clamor popular manifestado por las ciudadanas y ciudadanos es la clara expresión del descontento con la clase política del país, representada por los diputados del Congreso de la República, que no ha podido constituirse en mediadora de los anhelos y necesidades de reformas estructurales, sociales, económicas y políticas que la población demanda, viéndose ésta en la necesidad de demostrar su inconformidad y desprecio por la corrupción campante en todas las estructuras estatales.

El reclamo popular exige, sin demoras, la revisión de la normatividad que constituye el andamiaje jurídico estatal, con miras a la reestructuración de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta Guatemala. La protesta incluso trasciende los aspectos formales de la legislación al hacer hincapié en la obligación que tienen todos los funcionarios y servidores públicos, de actuar dentro de los cánones éticos aplicables.

En este contexto el reclamo del pueblo es tener un sistema de justicia, cuyos más altos funcionarios respondan a la exigencia constitucional de capacidad, idoneidad y honradez, respetuosos del principio de ingratitud judicial, por el que solo limiten su actuación al respeto absoluto de la Constitución Política de la República y las leyes, sin sentir que deben lealtad a ninguna otra persona o consideración alguna.

Dentro de este contexto la designación llevada a cabo el 2 de julio por el Congreso de la República de Guatemala del abogado Manuel Reginaldo Duarte Barrera, y la posterior toma de posesión del cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, violó la Constitución Política de la República en su artículo 12 que reconoce la garantía constitucional del debido proceso y el artículo 160 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

El abogado Duarte Barrera al momento de su designación por el Congreso, continuaba laborando para dicha institución, lo cual conculca la normativa constitucional referida en el párrafo anterior. Puede afirmarse que el designado aún era un empleado del Organismo Legislativo y ello se demuestra con el hecho de que fue hasta el 17 de agosto en que presentó y se conoció su renuncia ante el pleno del Congreso.

No obstante su designación espuria, el abogado Duarte Barrera tomó posesión del cargo de magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad, e incluso ha conocido de casos de trascendencia nacional, aún y cuando no le correspondía hacerlo, debido a lo ilegítimo de su nombramiento.

Por las circunstancias descritas, en su calidad de ciudadana, Helen Beatriz Mack Chang ha interpuesto acción constitucional de amparo a efecto de que la Corte de Constitucionalidad de garantizar se integre con personas respetuosas del Estado de Derecho y que gocen de plena independencia en el ejercicio de la magistratura. La referida acción constitucional se suma a una serie de acciones emprendidas por la ciudadana Mack Chang la mayoría de las cuales han sido desatendidas, con miras a que la administración de justicia de Guatemala recupere el rumbo hacia la consecución de la justicia y el respeto debido a los derechos humanos de todos los guatemaltecos.

Guatemala 24 de agosto de 2015.

 

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COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN MYRNA MACK SOBRE LAS PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL

En la actual coyuntura política del país, en la que el reclamo popular exige transparencia y rendición de cuentas, la reforma a la gestión del recurso humano del Organismo Judicial es una necesidad impostergable.

Al reconocer lo imperativo del cambio en la administración de justicia, diversos sectores coincidieron en unir esfuerzos para elaborar una propuesta legislativa que estableciera los principios, normas y procedimientos, así como los órganos necesarios para la administración y operación del sistema de justicia de Guatemala.

Así, bajo los auspicios del Congreso de la República representantes de la Corte Suprema de Justicia, de la Asociación de Jueces y Magistrados, del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, del Instituto de la Judicatura, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República yla Asociación de Investigación y Estudios Sociales, elaboraron un proyecto de reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia, en un acto que traicionael acuerdo de trabajo conjunto, elaboró y presentó su propia iniciativa de ley a la Dirección Legislativa del Congreso de la República, misma que carece de los elementos fundamentales para una auténtica reforma al sistema de carrera y que mantiene el control administrativo en manos de la Corte.

Por la situación descrita la Fundación Myrna Mack denuncia que la propuesta presentada, de manera unilateral y arbitrariamente, por la Corte Suprema de justicia no contempla los siguientes puntos:

· La separación entre la función jurisdiccional y la administrativa.

· Que todos los puestos deben salir a concurso por oposición.

· La independencia y permanencia del Consejo de la Carrera.

· Que la evaluación del desempeño incluya el acatamiento a las normas deontológicas aplicables al ejercicio de la judicatura.

Por esto la Fundación exige al pleno del Congreso de la República que al analizar las propuestas de reforma, opten por la que la que reúne los puntos señalados para promover un cambio efectivo y eficaz en la administración de justicia.

Guatemala 9 de julio de 2015.