logotipofunda

La ausencia de elemental ética política
del Congreso de la República

Con la aprobación del Punto Resolutivo 3-2014 del Congreso de la República, 87 diputados de diferentes bancadas no solo negaron de manera servil e irresponsable las atrocidades que poblaciones indígenas padecieron durante el CONFLICTO ARMADO INTERNO; sino que también faltaron a uno de los principios básicos del Estado de Derecho, el de división o separación de poderes, cuya característica fundamental es la de propiciar un gobierno de poderes limitados; en donde al Organismo Legislativo le corresponde la función de "crear leyes"; y no la de "aplicar las leyes o la de declarar derechos en casos controvertidos".

Sin embargo, con el referido punto resolutivo, el Congreso de la República se extralimita de sus funciones al hacer una declaración de derecho; puesto que a este Organismo no le corresponde, bajo ninguna circunstancia, afirmar que la legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales señalados dentro del llamado "juicio del siglo" resultan jurídicamente inviables para que se dieran en Guatemala, principalmente el genocidio. Una declaración de este tipo, en todo caso, debe emanar del Organismo Judicial.

Si la construcción de un Estado Democrático de Derecho tiene múltiples opositores en el país, esta demostración del que debiera ser el principal Órgano Político del Estado, demuestra que es en el Estado mismo y en los poderes fácticos que realmente dirigen este organismo, donde están los actores que echan por tierra la posibilidad de construir el mencionado Estado Democrático de Derecho.

La flagrante intromisión en las funciones de otro Poder del Estado, la cínica intención de congraciarse con poderes fácticos económicos, políticos y militares, afectados por las consecuencias de coronar exitosamente el juicio de genocidio contra Efraín Ríos Montt y la condena indirecta para el actual edificio estatal, que mediante la impunidad, protege los privilegios de estos poderes, no pueden ser disimulados con el palabrerío sobre "estudio de la legislación vigente emitida en el marco de los Acuerdo de Paz", la descarada "exhortación al Organismo Ejecutivo para que trabaje arduamente en encontrar políticas públicas y medidas que tiendan a sustentar, defender y mantener el espíritu de reconciliación" o el cinismo de "instar al Organismo Judicial a administrar justicia con imparcialidad, observando siempre el principio que la Constitución Política de la República".

Los hechos, que no las palabras, demuestran que el Congreso de la República deslegitima el sistema de "controles" políticos de la república y destruye lo poco que quedaba de validez política del sistema.

No es de esta forma y con acciones inaceptables, sin ética política, que atropellan del sentido de la Constitución y el ordenamiento legal, como se construirá el país democrático, incluyente y equitativo al que todos aspiramos.

El Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar a las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos y a la sociedad en general la posibilidad de que se haga justicia, único mecanismo legítimo para la reconciliación y la garantía que los crímenes perpetrados no volverán a ocurrir en el futuro.

La jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos tales como Barrios Altos (Chumbipuna Aguirre y otros vs. Perú); Almonacid Arellano y otros vs. Chile; Gomes Lund vs. Brasil; y Gelman vs. Uruguay, es manifiesta en afirmar la necesidad de que se garantice el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la reparación digna de las víctimas.

Las obligaciones del Estado en esta materia constituyen una herramienta que contribuye a cimentar los vínculos entre las necesidades de justicia y paz pues entiende que la solución no puede ser amnistía de ninguna naturaleza ni mucho menos el olvido. La paz y la reconciliación no se logran mediante puntos resolutivos, decretos o declaraciones espurias de la naturaleza que fueren. Sin verdad y justicia no hay paz.

 

Guatemala, 15 de mayo de 2014