LA FUNDACIÓN MYRNA MACK ANTE LA CRISIS INSTITUCIONAL Y POLÍTICA QUE ATRAVIESA EL PAÍS A LA OPINIÓN PÚBLICA HACE SABER

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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK ANTE LA CRISIS

INSTITUCIONAL Y POLÍTICA QUE ATRAVIESA EL PAÍS A LA OPINIÓN PÚBLICA

HACE SABER

Que el clamor popular manifestado por las ciudadanas y ciudadanos es la clara expresión del descontento con la clase política del país, que no ha podido constituirse en mediadora de los anhelos y necesidades de reformas estructurales, sociales, económicas y políticas que la población demanda, viéndose ésta en la necesidad de demostrar su inconformidad y desprecio por la corrupción campante en todas las estructuras estatales.

El reclamo popular exige, sin demoras, la revisión de la normatividad que constituye el andamiaje jurídico estatal, con miras a la reestructuración de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta Guatemala. La protesta incluso trasciende los aspectos formales de la legislación al hacer hincapié en la obligación que tienen todos los funcionarios y servidores públicos, de actuar dentro de los cánones éticos aplicables.

En este contexto la renuncia de la vice presidenta de la República es apenas la punta del iceberg, que incluye la deslegitimación sistemática de la gran mayoría de instancias, ministeriales, legislativas y judiciales. Esta deslegitimación produjo un proceso de movilización social que exige cambios sustanciales, que puedan recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Por ello es urgente que se proceda con objetividad y teniendo como única meta el bien común, consolidar el proceso de cambio, iniciando para el efecto a través de las siguientes medidas:

1. Realizar un completo cambio del sistema de justicia, que acoja el reclamo del pueblo de tener un auténtico sistema de carrera, que tome en cuenta a los más altos funcionarios del Organismo Judicial, que promueva un sistema de evaluación del desempeño constante, así como de la instauración del principio de ingratitud judicial, por el que los jueces y magistrados solo limiten su actuación al respeto absoluto de la Constitución Política de la República y las leyes, sin sentir que deben lealtad a ninguna otra persona o consideración alguna.

2. El cambio total del sistema político nacional, cuyo primer paso viene dado por las indispensables reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La transformación debe asumir la transparencia como eje transversal, la cual se traduce al establecimiento claro de las fuentes de financiamiento de cada uno de los partidos. La formación de cuadros técnica, política e ideológicamente sólidos que minimicen el transfuguismo. A su vez debe ser obligatorio que quienes integren los listados de candidatos a ocupar algún puesto de representación popular, gocen de la idoneidad y legitimidad necesarias, a efecto de que resulten adecuados para alcanzar la meta final para la que está constituida la República.

3. La renovación del sistema de servicio civil, el cual debe cimentarse sobre el ideal de contar con personas probas y capaces, cuyos méritos sean los que determinen su presencia en cada una de las instancias de la administración pública. Ello implica la consolidación de un auténtico sistema de carrera, que evalué periódicamente el desempeño, instaure un mecanismo de capacitación continua, sin olvidar un necesario mecanismo de compensaciones, que facilite la exclusión de actos de corrupción y provea los procedimientos adecuados para que, en caso de darse hechos contrarios a la ley, se tomen las medidas disciplinarias y legales que sean meritorias.

4. Este proceso no estará suficientemente iniciado sin que se produzca la necesaria reforma del sistema de contraloría pública y de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, con miras a tornarlos eficientes y eficaces para impedir y denunciar los constantes actos de corrupción en las instituciones estatales.

La Fundación Myrna Mack demanda al Presidente Constitucional de la República a elaborar una nómina de candidatos a terminar el período constitucional vice presidencial que reúnan las calidades y condiciones que la ley y la ética establecen; al Congreso de la República a elegir de dicha terna a la persona que pueda ejercer el cargo de forma proba, eficiente y eficaz, sabedora de la gran responsabilidad que asumirá y de que el pueblo de Guatemala estará vigilante de que su desempeño sea en beneficio de todas y todos los guatemaltecos.

Finalmente insta a todas las ciudadanas y ciudadanos a no cejar en sus reclamos a través de manifestaciones pacíficas, mecanismo popular para hacer valer los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República

Guatemala 11 de mayo de 2015.