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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK

ANTE EL PRÓXIMO INICIO DE ACTIVIDADES DE LA MESA TÉCNICA DE ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

A LA OPINIÓN PÚBLICA

HACE SABER:

El Organismo Judicial, como poder estatal encargado de administrar justicia, debe ser eficaz en todas y cada una de sus actuaciones. Para cumplir con su objetivo, debe estar integrado por jueces y magistrados idóneos, capaces, honrados y de reconocida honorabilidad, ya que son ellos quienes tienen la facultad de juzgar y penalizar a todas aquellas personas que vulneren el ordenamiento jurídico, sin importar de quien se trate.

El mecanismo para garantizar que los jueces y magistrados cumplan con los requisitos de idoneidad, capacidad, honradez y reconocida honorabilidad, es fortalecer la Carrera Judicial, ya que de esta manera se evita que influencias de grupos de poder coloquen en los juzgados y altas magistraturas a personas corruptas que les permitan quedar impunes por los delitos que cometen.

La corrupción e impunidad han llevado al Estado de Guatemala a la crisis institucional que está padeciendo y ha obligado a la sociedad a salir a las calles a exigir justicia y no más corrupción; en respuesta, el gobierno de Guatemala ha convocado a integrar mesas técnicas para la discusión de reformas que se consideran primordiales.

La Fundación Myrna Mack se inscribió para participar en la mesa técnica de análisis y estudio de las reformas al sector justicia, pero al recibir como primer insumo la propuesta de reformas a la Ley de Carrera Judicial, se hizo evidente que ésta no busca resolver las deficiencias de fondo que han ocasionado serios problemas en procesos de elección anteriores. El Congreso de la República está incumpliendo con su deber constitucional de ser la voz del pueblo ya que no está recogiendo el clamor popular que exige una administración de justicia libre de corrupción e impunidad.

Preocupa profundamente que la instalación de estas mesas técnicas se esté utilizando como mecanismo para distraer a la sociedad respecto a sus exigencias concretas, proponer reformas superficiales que mantienen intacto el actual funcionamiento del sistema de justicia constituye una burla al pueblo de Guatemala.

Para avanzar en la consolidación del Estado de Derecho, es urgente que el Congreso de la República inicie una discusión seria que persiga una reforma estructural del sistema de justicia, lo cual requiere un análisis integral de las deficiencias de la legislación actual y de las problemáticas que como consecuencia se han suscitado.

Para que el esfuerzo que se está realizando represente un cambio estructural, real y efectivo, se deben atender, como mínimo, los siguientes puntos:

1. Se debe incluir a los magistrados en el sistema de carrera judicial; alcanzar una magistratura debe ser el corolario de un desempeño intachable dentro del Organismo Judicial, por lo que colocar en la Corte Suprema de Justicia, en las Salas de la Corte de Apelaciones y en otros tribunales de igual categoría a abogados sin experiencia en el ejercicio de la judicatura no debe ser permitido por ningún motivo.

2. Se debe evaluar, periódicamente, el desempeño de todos los jueces y magistrados; en los casos en que el ejercicio de la judicatura sea deficiente y/o se estén irrespetando las normas de comportamiento ético del Organismo Judicial[1], deberá separarse inmediatamente a la persona del cargo.

3. El Consejo de la Carrera Judicial debe ser quien verifique que los aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones cumplan con los requisitos exigidos por la Constitución Política y las demás leyes de la materia, así como de realizar las pruebas pertinentes del sistema de oposición, para asegurar que únicamente los mejores ocupen los cargos de juez y magistrado.

4. La actuación de las Comisiones de Postulación se debe limitar al ejercicio de la fiscalización social; éstas deben verificar la honradez y reconocida honorabilidad de los profesionales que integran el listado remitido por el Consejo de la Carrera Judicial para luego, trasladar el listado final al Congreso de la República.

5. Es urgente armonizar los contenidos de la Ley de Comisiones de Postulación, Ley de Garantía a la Imparcialidad de las Comisiones de Postulación y Ley de la Carrera Judicial, a efecto de precisar las atribuciones tanto de las comisiones de postulación como del Consejo de la Carrera Judicial. No se puede permitir que se repitan las irregularidades acontecidas durante los procesos de elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia, Salas de Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría del año 2014.

6. Se debe garantizar la inamovilidad y estabilidad de jueces y magistrados desde el momento en que toman posesión del cargo, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República y las leyes, salvo en casos de incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional y faltas a la ética profesional en los casos en que la ley lo establezca.

7. Los jueces y magistrados que sean despedidos por razones fundadas, deberán ser inhabilitados para optar al ejercicio de la judicatura y para ocupar cargos públicos en cualquier otra entidad del sector justicia, de manera definitiva.

8. Se debe regular y garantizar el principio de responsabilidad de los jueces y magistrados; éstos deben responder penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley.

La justicia es ciega, el requisito para garantizarlo es la independencia e imparcialidad del Organismo Judicial y esto, solamente es posible con jueces idóneos, capaces, honrados y de reconocida honorabilidad.

La Fundación Myrna Mack exige, como muestra de buena fe y de seriedad en el compromiso asumido, que los diputados que integran la mesa técnica de análisis y estudio de las reformas al sector justicia, atiendan los puntos anteriormente expuestos así como todos aquellos tendientes a fortalecer el sistema de justicia nacional, de conformidad con el clamor popular que demanda justicia, no más corrupción y no más impunidad.

Guatemala, 10 de junio de 2015


 [1]Acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia.