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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK

A LA

OPINIÓN PÚBLICA HACE SABER

Que el clamor popular manifestado por las ciudadanas y ciudadanos es la clara expresión del descontento con la clase política del país, representada por los diputados del Congreso de la República, que no ha podido constituirse en mediadora de los anhelos y necesidades de reformas estructurales, sociales, económicas y políticas que la población demanda, viéndose ésta en la necesidad de demostrar su inconformidad y desprecio por la corrupción campante en todas las estructuras estatales.

El reclamo popular exige, sin demoras, la revisión de la normatividad que constituye el andamiaje jurídico estatal, con miras a la reestructuración de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta Guatemala. La protesta incluso trasciende los aspectos formales de la legislación al hacer hincapié en la obligación que tienen todos los funcionarios y servidores públicos, de actuar dentro de los cánones éticos aplicables.

En este contexto el reclamo del pueblo es tener un sistema de justicia, cuyos más altos funcionarios respondan a la exigencia constitucional de capacidad, idoneidad y honradez, respetuosos del principio de ingratitud judicial, por el que solo limiten su actuación al respeto absoluto de la Constitución Política de la República y las leyes, sin sentir que deben lealtad a ninguna otra persona o consideración alguna.

Dentro de este contexto la designación llevada a cabo el 2 de julio por el Congreso de la República de Guatemala del abogado Manuel Reginaldo Duarte Barrera, y la posterior toma de posesión del cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, violó la Constitución Política de la República en su artículo 12 que reconoce la garantía constitucional del debido proceso y el artículo 160 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

El abogado Duarte Barrera al momento de su designación por el Congreso, continuaba laborando para dicha institución, lo cual conculca la normativa constitucional referida en el párrafo anterior. Puede afirmarse que el designado aún era un empleado del Organismo Legislativo y ello se demuestra con el hecho de que fue hasta el 17 de agosto en que presentó y se conoció su renuncia ante el pleno del Congreso.

No obstante su designación espuria, el abogado Duarte Barrera tomó posesión del cargo de magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad, e incluso ha conocido de casos de trascendencia nacional, aún y cuando no le correspondía hacerlo, debido a lo ilegítimo de su nombramiento.

Por las circunstancias descritas, en su calidad de ciudadana, Helen Beatriz Mack Chang ha interpuesto acción constitucional de amparo a efecto de que la Corte de Constitucionalidad de garantizar se integre con personas respetuosas del Estado de Derecho y que gocen de plena independencia en el ejercicio de la magistratura. La referida acción constitucional se suma a una serie de acciones emprendidas por la ciudadana Mack Chang la mayoría de las cuales han sido desatendidas, con miras a que la administración de justicia de Guatemala recupere el rumbo hacia la consecución de la justicia y el respeto debido a los derechos humanos de todos los guatemaltecos.

Guatemala 24 de agosto de 2015.