Comunicado ante la actual crisis política nacional 31-08-2015

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ANTE LA ACTUAL CRISIS POLÍTICA NACIONAL,

AL PUEBLO DE GUATEMALA HACE SABER QUE:

Son diversos los actos de corrupción, componendas políticas y pago de favores que se están evidenciando actualmente y ante esto, el rol que deben desempeñar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad es fundamental.

Lamentablemente, por razones que la ley no prevé y que el sentido común no logra explicar, dichos órganos jurisdiccionales no han cumplido con la labor constitucional a ellos encomendada y con esto, están siendo cómplices de las aberraciones que se están cometiendo.

Varios ciudadanos han presentado los recursos y acciones legales pertinentes a efecto de frenar las constantes violaciones que se están cometiendo. Uno de ellos, en contra del proceso por el que Manuel Reginaldo Duarte Barrera fue designado por el Congreso de la República para ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, y otro, en contra de la Corte de Constitucionalidad por la ilegal toma de posesión de Duarte Barrera como magistrado de la misma.

Atendiendo a que dichas acciones fueron presentadas previo a que Otto Pérez Molina presentara acciones de amparo en contra del proceso de antejuicio que se está tramitando en su contra, exigimos que la Corte de Constitucionalidad resuelva el interpuesto en contra de la toma de posesión de Duarte Barrera; es inconcebible permitir que un Tribunal ilegítimamente integrado resuelva procesos de trascendencia nacional.

Los amparos interpuestos por Pérez Molina son una clara manifestación de la hipocresía de sus declaraciones, por una parte asegura que se someterá al debido proceso y por la otra, interpone cuanto recurso tiene a su alcance para atacar decisiones que le perjudican. Además, las violaciones que el aún Presidente de la República alega son inexistentes. Primero, argumentar que se está violando el principio que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, nos lleva a recordarle a él y a sus asesores legales que el antejuicio promovido por el diputado Amílcar Pop se relacionaba con el caso IGSS-PISA, mientras que el promovido por la CICIG y el Ministerio Público se refiere al caso "La Línea"; que Otto Pérez esté siendo señalado por más de un caso de corrupción, no significa que sólo pueda ser diligenciado un antejuicio. Segundo, que la Comisión Pesquisidora no atendiera los requerimientos formulados por Pérez Molina no constituye una violación al debido proceso, nuevamente es de recordarle a él y a su equipo de trabajo que la Comisión Pesquisidora no está obligada a acatar sus instrucciones, tienen la discrecionalidad de determinar la procedencia o no de cualquier solicitud.

En este orden de ideas la Fundación Myrna Mack reclama a Pérez Molina a que en un acto de humildad, de dignidad personal y de respeto al pueblo de Guatemala, lejos de promover acciones constitucionales con fines espurios, acepte someterse al proceso legal y preestablecido que corresponde, en el que tendrá ocasión de ejercer su derecho de defensa, con respeto a la presunción de inocencia como cualquier otra persona en el país. En caso contrario, si continúa en obstinada actitud, solo contribuye al debilitamiento institucional del Estado.

La Fundación exige a ambas Cortes que resuelvan los amparos considerando el propósito primordial para el cual se creó el Estado, la consecución del bien común, que en las actuales condiciones no está garantizado y que si ambas instancias no adoptan las medidas necesarias para su protección, será imposible de alcanzar.

Finalmente demanda del pleno del Congreso de la República que, como representantes del pueblo de Guatemala, escuchen el clamor popular que exige la resolución de la actual crisis política, permitiendo que Pérez Molina sea sometido a la justicia, a efecto que ante juez pueda dilucidar, como lo exige el debido proceso, su situación legal.

Guatemala, 31 de agosto de 2015.