Discurso de Helen Mack durante la ceremonia en la que el
Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad institucional en la
ejecución extrajudicial de Myrna Elizabeth Mack Chang

 

Señor Presidente de la República de Guatemala
Señor Vicepresidente
Señores presidentes del Organismo Judicial y del Organismo Legislativo
Señores miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el país, funcionarios de Gobierno, amigos y amigas

Gracias por acompañarnos en estos momentos que tienen un significado profundo de reparación moral y de rescate de la dignidad de quien fue víctima de los impulsos criminales del Estado de Guatemala.

Son momentos en que mi familia, la Fundación Myrna Mack, AVANCSO y los amigos de Myrna, sentimos que estamos honrando su memoria.

Su muerte violenta, inesperada e incomprensible, nos hizo experimentar los terrores de la violencia física, psíquica y emocional, que grabaron en nuestra memoria recuerdos de angustia e incertidumbre. El dolor y el sufrimiento marcaron nuestras vidas de manera irreversible, y ahora resulta imposible recuperar la situación de tranquilidad en que vivíamos antes de su asesinato.

Guatemala es un país donde poca gente ha podido hablar y expresar su dolor, con voz fuerte y clara. El silencio y los sentimientos reprimidos han sido usualmente la consigna, especialmente para quienes sobrevivieron a la política contrainsurgente.

El miedo a la represalia y la falta de protección judicial alimentaron el silencio, la frustración y la impotencia. Un amplio conglomerado humano se tragó el dolor y el sufrimiento, porque la expresión del sentimiento y la emoción causaban más represión. La verdad no pudo salir de sus labios.

Todo lo anterior alteró, quizá para siempre, el tejido social y las relaciones comunitarias, sobre todo porque se estimuló la participación de miembros de las mismas comunidades en la violencia (las patrullas de autodefensa civil). El daño a la salud mental de todas estas personas es un factor agravante en la lista de crímenes institucionales que ha sufrido la sociedad guatemalteca.

Los familiares y amigos de Myrna pudimos hablar con voz alta y fuerte para denunciar el carácter político e institucional de su asesinato. Desafiamos al sistema al denunciar a sus estructuras como las causantes de violencia irracional y de violaciones a los derechos humanos. Tuvimos la posibilidad de enderezar acciones judiciales individuales contra los autores del crimen que nos arrebató su vida.

Hemos ejercitado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, conceptos que forman parte fundamental de los derechos humanos, expresado en varios convenios y tratados de los que Guatemala es signataria.

En octubre del año 2002, el Tribunal Tercero de Sentencia condenó al coronel Juan Valencia Osorio, por haberlo encontrado responsable del asesinato de Myrna, hecho que fue calificado como un crimen institucional cometido por el Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial. Los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones anularon esa sentencia y emitieron una absolución total a favor de los acusados, sin tener bases reales y precisas. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, como correspondía en derecho, revocó esa nefasta decisión y dejó firme la sentencia del 2002.

En noviembre del año 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió declarar, con el voto unánime de los jueces que la integran, que el Estado de Guatemala violó varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la vida e integridad física de Myrna y el derecho a la protección judicial.

De esa cuenta, el Estado de Guatemala fue condenado por tener responsabilidad institucional en la ejecución extrajudicial de Myrna y en la posterior denegación de justicia. Entre los hechos probados, la Corte dijo que ella fue víctima de una operación especial de inteligencia elaborada y ejecutada por el Estado Mayor Presidencial, crimen que fue reiteradamente encubierto por los órganos del Estado.

La Corte habla también de una grave situación de impunidad, pues a pesar de que en 1993 fue condenado el sargento mayor especialista del Ejército, Noel de Jesús Beteta, y de que en el año 2002 tuvo lugar el juicio oral donde fue condenado el coronel Juan Valencia Osorio, para entonces habían transcurrido casi catorce años.

Se había excedido todo concepto de plazo razonable para hacer efectiva la protección judicial. Se había incurrido ya en denegación de justicia y ésa es una realidad innegable.

Hay tres sentencias emitidas por tres tribunales diferentes, que por vías distintas llegaron a las mismas conclusiones. El Tribunal Tercero de Sentencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación, esclarecieron los detalles de asesinato de mi hermana, incluyendo todo lo relativo al móvil político. Con ello, fueron establecidos también los detalles del entorno social y político que rodeó la ejecución extrajudicial de mi hermana.

Esos detalles conciernen directamente al caso Mack, pero plantean un esclarecimiento que, por extensión, abarca a muchos otros casos que hoy siguen en la impunidad. Por ejemplo, la existencia de operaciones ilegales de inteligencia militar, la participación de estructuras del Estado en violaciones masivas de derechos humanos, la responsabilidad del Estado en los crímenes y en el impulso de comportamientos sociales de tipo criminal; el uso de recursos materiales y humanos del Estado en la comisión de crímenes.

En la medida que estas sentencias en el caso Myrna Mack esclarecen que la doctrina de seguridad nacional y la política contrainsurgente utilizaron esos
métodos para combatir todo lo que se consideró actividad insurgente, se abre la posibilidad de que miles de víctimas y sobrevivientes que han estado agobiados por el silencio y la impunidad, hagan suya esta reparación.

Con el auxilio de las ciencias jurídicas, logramos asentar judicialmente este trozo de la historia terrible que nos tocó vivir. Si las víctimas que aún sufren la
denegación de justicia ven en las sentencias del caso Mack un atisbo de esclarecimiento de lo que ellos sufrieron, se habrá ampliado el sentido de esta
reparación.

Sería el caso de quienes fueron afectados por el desarraigo, la desaparición forzada, las masacres, el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales, el exilio y la tortura. Ojalá estas víctimas se sientan representadas en el significado amplio y profundo de este acto oficial, porque aunque las sentencias se refieren
concretamente a lo ocurrido con Myrna Mack, el contenido de las mismas es abarcador.

Por ejemplo, cuando se esclareció el móvil político de la ejecución extrajudicial de mi hermana, salieron a flote el sufrimiento de la población desplazada por el conflicto armado interno, los detalles de la política institucional respecto del problema del desarraigo y los planes militares contrainsurgentes contra esa población civil indefensa, que fue acusada, perseguida y asesinada porque supuestamente constituía la base social de la guerrilla.

Myrna ya había develado esta situación en su investigación titulada "Política institucional hacia el desplazado interno en Guatemala", publicado en el Cuaderno número 6 de AVANCSO. Ese trabajo y la continuidad de sus investigaciones sobre el tema la convirtieron, a criterio del Ejército, en una enemiga del Estado, una colaboradora de la supuesta base social de la guerrilla y por eso decidieron eliminarla físicamente, al tiempo que mantenían los bombardeos sobre las comunidades de desplazados y los perseguían con la fuerza de infantería.

Hoy nos acompañan en este recinto algunos representantes de las comunidades de desplazados y de las parroquias que sufrieron esa política institucional. Muchos de ellos conocieron a Myrna, la ayudaron en sus investigaciones y buscan ahora sentirse reparados por medio de este caso concreto.

Sin duda, Myrna continuó vinculada a ellos incluso después de su muerte, pues comparte con ellos el esclarecimiento y la sanción de su asesinato. Como dije, los hechos probados que conciernen al móvil político necesariamente pasaron primero por el establecimiento de la verdad respecto de política institucional y las violaciones de derechos humanos que afectaron a centenares de miles de guatemaltecos desplazados.

Esto se observa, sobre todo, en la sentencia de la Corte Interamericana, que no sólo consideró probados los hechos que directamente se refieren a la ejecución extrajudicial de Myrna. Esta sentencia también saca a luz los parámetros contrainsurgentes de aquella época, en cuyo contexto el Ejército y casi todas las instituciones del Estado quedan sometidas a la controversia y al cuestionamiento, por haberse situado en la senda de la criminalidad.

La Corte Interamericana también hizo consideraciones en el delicado ámbito de la denegación de justicia. Analizó cuidadosamente toda la documentación que prueba cómo funcionaron los mecanismos de la impunidad, el encubrimiento y la complicidad, incluso desde el seno del sistema de administración de justicia.

Con detalle, la Corte establece la verdad sobre estos catorce años de lucha por la justicia. Cada recurso judicial utilizado para entorpecer el proceso fue estudiado y analizado, de tal manera que el sistema de justicia guatemalteco quedó expuesto con todas sus fallas, deficiencias y factores que lo hacen inoperante.

En relación con los procedimientos judiciales, en el numeral 134.18 de la sentencia, establece como un hecho probado la falta de diligencia en la tramitación del proceso penal y dice que "es evidente que los tribunales de justicia no han demostrado voluntad para esclarecer todos los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang y juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, y demás responsables de la privación de la vida de la víctima, y del encubrimiento de la ejecución extrajudicial y de los otros hechos del presente caso".

Ese párrafo resume la sustancia de la impunidad y la denegación de justicia que hemos soportado por catorce años; echa luz sobre el laberinto que crearon los recursos judiciales, la corrupción, el litigio malicioso, el uso arbitrario del secreto de Estado y la violencia que se ejerció contra testigos, jueces, fiscales, los familiares y amigos de Myrna.

La sentencia revela la cruda realidad de los órganos de justicia en Guatemala, porque este mismo patrón de conducta judicial se puede encontrar fácilmente en muchos otros casos, y no sólo en aquellos que tienen un carácter institucional y político. Estos mecanismos de impunidad también se expresan en el plano de la criminalidad organizada, el enriquecimiento ilícito y la corrupción a gran escala, con el fin de proteger los intereses políticos y económicos de estos grupos.

Todos estos hallazgos judiciales constituyen un aporte al país y a la sociedad, en términos de que se señala con toda claridad cuáles son los principales problemas en el ámbito penal. Si hay voluntad política, buena fe y compromiso con los altos valores de la justicia, pueden surgir las vías de acción para hacer transformaciones institucionales que nos ayuden a combatir de manera sostenida la impunidad y las debilidades del sistema.

Respecto de la política contrainsurgente y los crímenes derivados de ella, también podemos extraer propuestas para evitar que estos comportamientos institucionales se repitan. Se debe enviar un mensaje especialmente a las generaciones de nuevos oficiales militares, para que aprendan del pasado y nunca más estas conductas sean aceptadas y avaladas.

Durante años, me han acusado de ser guerrillera y enemiga del Ejército. A la luz de los enfoques radicales, militaristas y conservadores, el sólo hecho de haber planteado el primer proceso judicial en Guatemala por una violación de derechos humanos, fue considerado un acto subversivo. Más aún porque demandamos identificar a los responsables materiales e intelectuales, lo cual implicó someter a juicio la cadena de mando militar.

Nuestras acciones judiciales nunca estuvieron estimuladas por la venganza o la revancha. Nunca hemos sido enemigos del Estado, ni del Ejército. Simplemente, ejercimos nuestro derecho constitucional de buscar justicia, verdad y reparación.

En ese contexto, yo simplemente he fungido como acusadora de tres oficiales militares, sindicados de haber planificado y ordenado el asesinato de mi hermana.

Especialmente, buscamos una reparación moral que rescate la dignidad y honre la memoria de Myrna, una mujer dedicada a la ciencia, comprometida profundamente con la humanidad y las causas sociales, a la cual se le impidió gozar del amor de su hija, de sus nietos, de su familia y amigos; de una científica que no pudo participar en el advenimiento de la paz, ni en la construcción de los procesos políticos que propugnan por una Guatemala democrática, justa, humana y desarrollada.

Por eso, esperamos que esta mañana se concrete, por medio de la voz del Presidente de la República, el reconocimiento público de la responsabilidad del
Estado en la planificación y ejecución de la operación de inteligencia militar que cobró la vida de Myrna; y en la denegación de justicia que multiplicó en nuestro corazón el dolor, la incertidumbre y la sensación de desamparo.

Esperamos que el sistema de justicia, en lugar de sentir agresión, opte por reflexionar y admita que sus problemas estructurales han estimulado la conflictividad y la violencia; y redoble esfuerzos por asegurar un sistema imparcial, transparente y equitativo. También esperamos que los oficiales del Ejército asuman el concepto profundo del honor militar y que éste los motive a admitir, con coraje y valentía, la responsabilidad que tiene la institución en el sufrimiento prolongado de una gran parte de la población guatemalteca.

Deseamos que esta reparación en el caso Myrna Mack sea considerada una oportunidad para avanzar, con firmeza, hacia el establecimiento de la verdad y la justicia respecto del oprobioso pasado de violencia y criminalidad que convirtió a Guatemala en un país de víctimas.

Solamente la verdad y la justicia podrán, en forma plena, ayudarnos a la reconstrucción moral de las instituciones y la sociedad. En la medida que aceptemos que el Estado contrainsurgente destruyó casi totalmente los rasgos de humanidad de muchos guatemaltecos, podremos empezar de nuevo a reconstruir la moral de la sociedad y a recuperar los rasgos de humanidad perdidos.

La reconciliación es el marco indispensable para lograr la reconstrucción moral de la sociedad. La verdad y la justicia son elementos que no deben faltar en un proceso de esa naturaleza. Sólo si contamos con esos elementos, podremos iniciar con certeza y solidez un proceso de reconciliación nacional. De lo contrario, seguiremos atados, por muchas generaciones, a la mentira y a la trivialidad con la que se pretende contar nuestra historia.

Guatemala, 22 de abril de 2004