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Ante la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad
dentro del Amparo interpuesto por la elección de
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
HACE SABER:


Al interponer una acción de amparo la Corte tiene la posibilidad de decretar el amparo provisional, es decir, tiene la posibilidad de proteger los derechos violados mientras se dicta la sentencia definitiva.

En el caso iniciado por la elección de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, la Corte de Constitucionalidad se negó a proteger provisionalmente los derechos que fueron vulnerados, manteniendo vigentes las violaciones denunciadas. Estas violaciones son de distinta naturaleza y afectan a distintas personas.

Al permitir que un Magistrado Suplente participara en la elección de Presidente de la CSJ, se le negó la posibilidad de elegir y ser electo a quien resultaría nombrado como Magistrado Titular, quien fue la Licda. Elizabeth Mercedes García Escobar.

La propia Licda. Valdés ha expuesto dentro de la acción de amparo, que estando por vencerse el período del actual Presidente de la CSJ y ante la falta de certeza respecto a la elección del nuevo Magistrado Titular, se integró el pleno de la CSJ con un Magistrado Suplente y, el 26 de septiembre, se llevó a cabo la sesión extraordinaria para la elección de Presidente de la CSJ. Sin embargo, fue tan sólo un día después de electa la Licda. Valdés como nueva Presidenta de la CSJ y del Organismo Judicial, es decir el 27 de septiembre, que el Congreso de la República eligió a la nueva Magistrada Titular, tal y como lo habían difundido diversos medios de comunicación en días anteriores. Lo anterior, sumado a que el voto del Magistrado Suplente fue determinante para elegir a Silvia Patricia Valdés Quezada como Presidenta de la CSJ, llama fuertemente la atención y despierta una serie de suspicacias que cuestionan no sólo la legalidad de la elección, la cual claramente violentó el debido proceso, sino además atenta contra la independencia judicial.

Además, las violaciones cometidas afectan a todos los guatemaltecos porque la confianza en el sistema de justicia del país se quebranta al saber que la CSJ y el Organismo Judicial es presidido por una persona electa dentro de un proceso seriamente cuestionado que no garantiza la independencia e imparcialidad y que por lo tanto, posibilita que atienda exigencias que no necesariamente responden a la justicia.

Hacemos un llamado a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que analicen la posible existencia de conflictos de interés dentro de la tramitación y resolución del Amparo interpuesto y, de ser así, recordamos que la ley los faculta para inhibirse dentro del caso con el objetivo de garantizar la independencia e imparcialidad.

Por lo anterior y pese a la infortunada denegación del amparo provisional, exigimos a la Corte de Constitucionalidad que cumpla con su deber, que defienda la Constitución Política y con ello, garantice el respeto a la legalidad, al debido proceso, a la independencia judicial y al Estado de Derecho.

Guatemala, 12 de octubre de 2016

 

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