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 LA FUNDACIÓN MYRNA MACK ANTE LO MANIFESTADO POR LA ASAMBLE GENERAL DEL INSTITUTO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL EXPRESA SU PREOCUPACIÓN CONFORME A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES 

  1. El proceso de elección para integrar la Corte Suprema de Justicia y salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría fue desarrollado en 2014 con serios señalamientos. Dicha elección fue legal, pero totalmente ilegítima y ahora, varios de sus magistrados están siendo procesados por casos que ostentando el poder o en su camino por llegar a él, posiblemente cometieron delitos. Su ilegitimidad se ve claramente manifiesta cuando se utiliza el concepto de independencia judicial para garantizar la impunidad, entre otros, del Juez Mynor Motto al rechazar in limine la petición de antejuicio librándolo del delito de prevaricato, cuando ya una Sala había resuelto a favor del MP/CICIG.
  2. La independencia judicial es fundamental para que las resoluciones de los asuntos sometidos a la consideración de jueces y magistrados, se sustenten con exclusividad en la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en el resto del ordenamiento jurídico vigente y en consecuencia no obedezcan a criterios arbitrarios.
  3. La labor jurisdiccional también debe atender a lo regulado en la normatividad deontológica que le es aplicable: las normas de comportamiento ético del Organismo Judicial y el Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ello implica contribuir con su trabajo a la consecución de los propósitos por los que el Estado de Guatemala ha sido creado: el bien común y la garantía de justicia a los habitantes de la República.
  4. Jueces y magistrados deben comprender que el escrutinio de tan importante función pública, como lo es la de juzgar, debe ser permitido y no considerado como una injerencia que perjudique su independencia. La justicia se sustenta sobre los principios de oralidad y publicidad.
  5. La prerrogativa de antejuicio y los procedimientos disciplinarios propios del sistema de carrera judicial, son instituciones que no deben ser asumidos como mecanismos de sanción a la actividad independiente de jueces y magistrados. Más bien significan la garantía para la población guatemalteca de que el trabajo llevado a cabo desde el Organismo Judicial no tiene la posibilidad de resultar arbitrario y que en caso de serlo, existen los mecanismos legales para que, conforme lo establece el artículo 155 de la ConstituciónPolítica de la República de Guatemala, se puedan deducir las responsabilidades administrativas, civiles y penales que puedan llegar a establecerse. En caso contrario de no presentarse las denuncias y antejuicios se estaría incurriendo en infracción a la ley de parte de las autoridades que conozcan de las mismas
  6. En cuanto a lo expresado respecto de la presunción de inocencia y debido proceso, cabe reflexionar que: el Ministerio Público ha respetado lo regulado en los artículos 6 al 14 de la Constitución. No es su competencia y atribución la aprehensión y custodia de las personas a las que se persigue penalmente. La propia Constitución reconoce esta circunstancia en el segundo párrafo del artículo 13 cuando afirma: “Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente”. Por su parte el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece: “El Ministerio público únicamente podrá informar sobre el resultado de las investigaciones siempre que no vulnere el principio de inocencia, el derecho a la intimidad y la dignidad de las personas”… Si se analiza el proceder institucional se puede constatar objetivamente que en ningún caso se ha hecho pronunciamiento que vulnere los derechos y garantías de los sindicados, circunscribiendo su actuación a lo permitido por la ley.
  7. Finalmente, la Fundación hace un llamado a jueces y magistrados para que busquen la promoción de la justicia más allá del mero cumplimiento de formalidades y siempre con total apego al espíritu humanista que inspira la Constitución Política de la República de Guatemala.

 

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Guatemala, 14 de marzo de 2018