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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK

ANTE LA PRECARIA SITUACIÓN ÉTICA Y DE

CREDIBILIDAD QUE ATRAVIESA EL CONGRESO DE

LA REPÚBLICA

AL PUEBLO DE GUATEMALA

HACE SABER:

 

La Corte de Constitucionalidad dictó resolución declarando sin lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta dentro del expediente de inconstitucionalidad general parcial identificado con el número 2951-2017, sin embargo, exhortó al Congreso de la República en los siguientes términos:

“(…) Se exhorta al Organismo Legislativo y a sus diputados para que luego del estudio de esta sentencia y de brindar participación a diferentes sectores de la sociedad, produzcan el proceso legislativo que pueda conllevar a la reforma del segundo párrafo del Artículo 407 N del Código Penal –cuestionado en esta acción–, conforme las consideraciones de este fallo y tomando en cuenta los principios de proporcionalidad, racionalidad y justicia que debe revestir toda norma penal. Además, establezcan los elementos diferenciadores de la conducta administrativa contenida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el tipo penal contenido en el segundo párrafo del Artículo 407 N, del Código Penal (…)”.

Específicamente, el segundo párrafo del Artículo 407 N del Código Penal dispone: “Se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política”.

Ahora el Congreso de la república, sin tener en consideración el derecho de acceso a la justicia, las garantías de no repetición, la transparencia y rendición de cuentas, discute la posibilidad de reformar el artículo 407N tergiversando lo manifestado por la Corte de Constitucionalidad.

De esa cuenta pretenden eliminar como sujeto activo a quien autoriza recibir, eximiendo de esa manera de responsabilidad a los integrantes de los comités ejecutivos de los partidos políticos, incluyendo los secretarios generales.

También pretenden adicionar nuevos elementos para que se pueda considerar cometido el delito: las personas deben estar de común acuerdo y actuar con la intención de ocultar la identidad del financista, circunstancias subjetivas que, a


todas luces, dificultarían la posible imputación del delito de financiamiento electoral ilícito, fomentando así la impunidad.

Los cambios derogatorios propuestos por el Congreso, modifican las circunstancias en que el delito puede cometerse, por lo que puede señalarse que se trata de una especie de amnistía encubierta. Finalmente, al establecer una gradación de 1 hasta 5 años y una multa hasta del cincuenta por ciento, con lo cual permiten que la pena a imponer pueda ser la mínima (1 año de prisión y multa de un 10%) lo cual para un delito que afecta la transparencia del sistema electoral nacional, sienta un precedente nocivo para el desarrollo democrático del país

Atendiendo a la convocatoria pública realizada por la Comisión Extraordinaria conformada mediante el acuerdo legislativo número 11-2018 del Congreso de la República, mediante la cual se da cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad.

Las organizaciones Fundación Myrna Mack, Asociación de Investigación y Estudios Sociales y Centro de Estudios de Guatemala presentaron consideraciones respecto del artículo 407 “N” del Código Penal, decreto legislativo 17-73, que atendían a la proporcionalidad y racionalidad de la pena, con una propuesta de 4 a 8 años de prisión inconmutables y la definición de los sujetos activos que, bajo condición de anonimato o de omisión de registro, pueden cometer el delito de financiamiento electoral ilícito.

Sin embargo, la propuesta presentada no fue tomada en consideración por la comisión extraordinaria para la reforma del artículo 407N. Tampoco tomó en cuenta dicha comisión extraordinaria del Congreso de la República, otras propuestaspresentadas por actores tan relevantes como el Ministerio Público.

Por lo manifestado se exige al Congreso de la República de Guatemalaque atienda lo señalado por la Corte de Constitucionalidad y, en consecuencia, deje de promover la instrumentalización de la ley para la violación de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y las leyes vigentes del país.

Además, su mandato como representantes del pueblo de Guatemala, les constriñe a obedecer la normatividad, sin tergiversar su texto. En todo caso, deben anteponer los intereses de sus representados, los guatemaltecos y guatemaltecas, que les reclaman la emisión de leyes que contribuyan a frenar la corrupción e impunidad.

No a un nuevo pacto que fomente la corrupción. Señores diputados legislen en pro del bien común.

 

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