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PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN MATERIA DE POLÍTICA INTERNACIONAL POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

 

El gobierno del presidente Jimmy Morales, hace uso arbitrario de las potestades que le confiere la Constitución Política de la República, con lo que afecta directamente el curso de las buenas relaciones internacionales de forma pacífica, dentro de los principios y valores de la buena fe y el respeto a las convenciones que los Estados han avalado, principalmente aquellas donde el consenso ha sido mayor, como lo es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Las decisiones adoptadas por el presidente Morales, en materia de política internacional, están marcadas por serios conflictos de interés, en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad, debido a que familiares cercanos del presidente han sido ligados a proceso penal. En primer lugar, cabe destacar la declaración de non grato formulada en el mes de agosto de 2017 respecto del comisionado Iván Velázquez de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Respecto de dicha declaración la Corte de Constitucionalidad se pronunció en su momento y la misma quedo sin efecto.

En segundo lugar, cabe destacar un acto dentro del marco del desarrollo de la política internacional del Estado de Guatemala que se aparta por completo de lo que exige unas relaciones armónicas y pacificas con otros Estados, como lo es ubicar la embajada de Guatemala ante el Estado de Israel en la ciudad de Jerusalén. La Fundación Myrna Mack expresa su preocupación ante estas decisiones en materia de política internacional, promovidas por el gobierno del presidente Jimmy Morales y expresadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que parecen motivadas por intereses distintos al bien común y a mantener relaciones pacíficas y armónicas con otros Estados.

Resultan de profunda preocupación las repercusiones a todo nivel, que entraña la nueva ubicación de la Embajada de Guatemala en la ciudad de Jerusalén. La reacción internacional no se ha hecho esperar, el gobierno de Jordania ha manifestado que la decisión adoptada representa una flagrante violación de la legislación internacional y de relevantes resoluciones de Naciones Unidas.

Con dicho gesto el gobierno de Guatemala se sitúa al lado de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional público, en un paso hostil contra el pueblo palestino y el mundo árabe. La Liga Árabe ha indicado que sigue deseando mantener relaciones amistosas con Guatemala, sin embargo, esto requiere al mismo tiempo que Guatemala, revise su postura de política internacional. Por ello se corre el peligro de que se afecten los legítimos intereses de más de ciento cincuenta mil familias productores de cardamomo hasta los sectores agroindustriales que deseen colocar sus productos en las plazas comerciales internacionales.

Otra decisión arbitraria de política internacional lo constituye la solicitud al reino de Suecia para que destituya al embajador Anders Kompass. Además, se agrega ahora la amenaza de declarar a dicho embajador persona non grata. Dicha solicitud es contraria a las obligaciones contenidas en la Constitución Política de la República y al derecho internacional público, porque no respeta los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.

Es meritorio recordar que el reino de Suecia forma parte de la Unión Europea y las decisiones adoptadas tendrán repercusiones más allá de dicho Estado, pudiendo afectar las buenas relaciones que el Estado de Guatemala debe sostener con Europa y que se pueden traducir en la merma de acciones y emprendimientos a todo nivel, pero en especial en el ámbito de los derechos humanos y el de comercio.

El G13 (cooperación bilateral y multilateral) se ha pronunciado con suma preocupación, llamando a la reflexión sobre la medida adoptada, misma que pone en grave peligro los proyectos de desarrollo para Guatemala, además de afectar los prestamos que entidades como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo pueden facilitar para la satisfacción de diversas necesidades estatales, en detrimento de todos los guatemaltecos y guatemaltecas.

El uso del poder en ningún caso puede ser absoluto. No debe obedecer a conflictos de interés ni a la búsqueda de impunidad. Siempre debe atender a los preceptos que establecen las normas aplicables. Las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Jimmy Morales, constituyen un agravio a los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas y debilitan la institucionalidad de la presidencia de la República.

Tampoco se justifican estas medidas cuando se considera que las mismas inciden negativamente en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país, promoviendo socavar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, a través del sistemático ataque a la cooperación de países que históricamente han facilitado su ayuda para alcanzar la paz y la solución de los conflictos del Estado de Guatemala fomentando la democracia y fortaleciendo la institucionalidad.

En dicho contexto resulta alarmante lo expresado por la cancillería y por el presidente en funciones, respecto del embajador sueco y la amenaza al resto de embajadores de otros países a efecto de que guarden la compostura, dejando entrever que de lo contrario el gobierno de Guatemala procederá de la misma manera.

Por ello, se debe advertir sobre la necesidad que las potestades constitucionales NUNCA sean utilizadas para la obtención de beneficios particulares, en desmedro de las buenas relaciones con otros Estados, avalando la violación de los derechos de las personas, entre otros, el derecho a la vida, a la paz, el derecho al desarrollo integral y el derecho al comercio.

Guatemala, 18 de mayo de 2018

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