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Fundación Myrna Mack

 

Ante el acto ilegítimo, de fecha 16 de julio de 2018, en el cual 8 de 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligieron a CONRADO ARNULFO REYES SAGASTUME como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), y ante la gravedad que este hecho supone, en la actual crisis nacional, especialmente por el debilitamiento del sistema de justicia, se pronuncia de la siguiente manera:

 

Es inaceptable e inadmisible que la Corte Suprema de Justicia haya utilizado un listado de probables candidatos del año 2016 para “designar” a quien ha de ocupar este importante cargo. Con ello se vedó el derecho para que pudieran participar a optar a dicho cargo público, otros profesionales que cumplan los requisitos de ley, con lo cual se vició dicho proceso de elección y, en consecuencia, se violaron preceptos fundamentales de la Constitución Política de la República y de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con dicha actitud la CSJ impide la participación de personas idóneas para optar a un cargo público tan importante como lo es el de ser magistrado suplente en la Corte de Constitucionalidad.

 

Si la CSJ realiza actos como el descrito, no respeta sus obligaciones constitucionales, en especial al desarrollar un proceso en el que no se permite a las personas idóneas participar en el mismo, por haberlo llevado a cabo utilizando una lista que ya fue considerada en su momento y para un evento distinto, como lo fue aquel en que fue electa magistrada suplente la actual fiscal general. Al ser dos circunstancias distintas, debió integrarse una nueva lista y así garantizar el ejercicio del derecho de optar a cargos públicos a todos los que cumplieran con los requisitos legales.

 

Por otra parte, se incurre, con esta decisión, en una conducta que abiertamente desprecia la ética que debiera tener la actuación de la principal Corte responsable de administrar la justicia, a saber, la Corte Suprema de Justicia. La actuación de la Corte Suprema de Justicia carece de legitimidad porque el profesional escogido tiene severos señalamientos de relaciones que, públicamente, lo cuestionan en su honorabilidad, convirtiéndolo con ello en alguien carente de idoneidad requerida por el artículo 113 constitucional, para el desempeño de una función tan delicada. No es un asunto de menor importancia, cuando se considera que los fallos de la CC, son de trascendencia para el resguardo de los derechos y garantías de los habitantes en el país.

 

Tanto el profesional en cuestión, quien además ha manifestado su rechazo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como la Corte Suprema de Justicia mandan una señal inequívoca de responder a intereses cuestionables, fortaleciendo de esa manera el llamado “pacto de corruptos”, que son en gran parte los responsables del despeñadero institucional y la profunda crisis política que padece Guatemala.

 

Por ello es que se considera que la elección de Conrado Arnulfo Reyes Sagastume es ilegítima y viola la Constitución y los derechos en ella consagrados. 

 

En consecuencia, exigimos que el proceso de designación de magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad se realice conforme lo ordena la Constitución y la Ley de Amparo, con lo cual se permita la participación de personas que reúnan los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad, que tan importante cargo requiere.

 

Guatemala, 17 de julio de 2018