logo fmm pequeño

 

 

ANTE LAS ACCIONES PROMOVIDAS EN CONTRA

DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:

 

Que de conformidad con el artículo 268 de la Constitución Política de la República la Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos de Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

 

En el ejercicio de su función no está sujeta a ningún otro interés, más que al respeto irrestricto de la Constitución Política de la República de Guatemala, en consecuencia, no debe actuar únicamente en pro de intereses particulares y sectoriales.

 

Sus decisiones son definitivas y deben ser acatadas por todas las personas, tanto gobernantes como gobernados sin objeción alguna. El no hacerlo constituye un acto de desobediencia y una grave violación a nuestro sistema legal.

 

En países con democracias consolidadas, como sucede en el caso de los Estados Unidos de América, las decisiones de los tribunales de justicia, no se cuestionan se acatan, incluso en casos en los que la Suprema Corte ha resuelto en contra de decisiones emitidas por la presidencia o incluso normas elaboradas por los entes que integran el sistema bicameral legislativo.

 

Esto es así pues, uno de los pilares fundamentales de todo sistema democrático y republicano, lo constituye, precisamente, el sometimiento a las resoluciones que profieren todos los órganos de justicia y, con mayor razón, los magistrados de las altas cortes. Tan importante es que puedan realizar su labor sin consideraciones de otra naturaleza más que la aplicación apropiada del derecho, que no deben ser perseguidos por sus opiniones vertidas en los autos y sentencias que pronuncien.

 

Si se empieza a perseguir a jueces y magistrados por sus autos y sentencias, debido a que los mismos no son del parecer y conveniencia de determinados sectores, no está lejos el día en que se prive a toda la población de la garantía universal de una tutela judicial efectiva, frente a los abusos constantes del poder por parte de quienes lo ejercen.

 

Hoy persiguen a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, nada impide que, con argumentos populistas y que tergiversan la importante labor de todos los órganos del sistema de justicia, se inicie una persecución y amedrentamiento del resto de jueces y magistrados en el país.

 

Por la independencia de los jueces y magistrados que conforman el sistema de justicia de Guatemala y en pro de la garantía de una tutela judicial efectiva para todas las personas en el país, no debe permitirse que por el tenor de las resoluciones se persiga a quienes están obligados a resolver conforme la Constitución y las leyes del país.

 

Guatemala, 9 de enero de 2019