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Ante las declaraciones del presidente de la República en relación a que la Corte de Constitucionalidad contribuyó al deterioro de las negociaciones entre el Estado de Guatemala y los Estados Unidos de América, manifiesta:

 

Que la facultad del presidente de la República de atender asuntos de política exterior no debe ejercerse de manera antojadiza sino, más bien, debe respetar lo dispuesto en la Constitución Política de la República, así como los procedimientos establecidos legalmente, y más importante aún, es que dichas decisiones se sujeten a los derechos fundamentales de los guatemaltecos y guatemaltecas.

El constitucionalismo moderno expresa la necesidad de controlar el ejercicio del poder y para ello resulta sumamente necesario que la administración pública se someta a las directrices dictadas por la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese orden de ideas, los artículos constitucionales 149, 171 y 183  establecen que la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales, así como celebrar, ratificar y denunciar tratados, convenios o cualquier arreglo internacional es del Presidente de la República, pero está sujeta a contribuir al mantenimiento de la paz, la libertad, el respeto y la defensa de los derechos humanos y, a la aprobación previa del Congreso cuando, entre otros casos,  afecten el dominio de la Nación,  así como cuando obliguen financieramente al Estado o cuando el monto de la obligación sea indeterminado.

El Ejecutivo no respetó la Constitución en sus negociaciones para acordar que Guatemala sea un “tercer país seguro”, puesto que llevó a cabo dicha negociación a espaldas de la ciudadanía y del Congreso de la República, y peor aún, no atendió a la defensa de los derechos humanos ni al beneficio mutuo de los Estados, pues dicha negociación es a todas luces de beneficio solo para los EEUU.

Afirmar que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han causado un deterioro en las negociaciones entre Guatemala y EEUU por otorgar un amparo provisional para suspender lo relacionado a declarar a Guatemala como un “tercer país seguro”, denota desconocimiento del marco constitucional,  pues se pretende endilgar a las magistrados del órgano constitucional un hecho que es enteramente responsabilidad del Organismo Ejecutivo, pues dichas negociaciones no respondieron nunca a los intereses de los habitantes de Guatemala.

Es completamente inaceptable e irresponsable que el Presidente de la República, lejos de respetar los alcances y límites de su mandato y dirigir la política exterior en estricto apego al conjunto de derechos y garantías reconocido en el texto constitucional, responsabilicen a la Corte de Constitucionalidad por conocer, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, manifestaciones legítimas que cuestionan el accionar oficial de la presidencia.

Con declaraciones de esta naturaleza, el presidente de la República, solo contribuye al debilitamiento del Estado Constitucional Democrático de Derecho, al apoyar actitudes autoritarias y no democráticas. Tratan de trasladar a la Corte de Constitucionalidad la responsabilidad por una gestión administrativa manifiestamente deficiente, cuando es algo solo atribuible al Ejecutivo.

El que no se haya tomado en cuenta el marco regulatorio establecido por la propia Constitución e incluso, el que se desconozca el mismo o peor aún, el que se decida a propósito ignorarlo, no es en modo alguno atribuible a la Corte de Constitucionalidad, sino, a la impericia, imprudencia y negligencia de las personas que han llevado a cabo las negociaciones.

A estas irresponsables declaraciones  del presidente de la República se suman las pronunciadas por diversas organizaciones gremiales aglutinadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras (CACIF), que con sus comunicados dejan en claro su indiferencia al imperio de la ley y de la supremacía constitucional, respaldan negociaciones realizadas sin la capacidad e idoneidad necesarias y dejan en claro que no tienen como objetivo de sus asociaciones, el bien común de los habitantes del país.

Por lo expresado, se exige al presidente de la República y su gabinete, a efecto que en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 183 de la Carta Magna nacional, cumpla y haga cumplir la Constitución y las leyes, respetando, asimismo, las resoluciones que, en el marco de su competencia, emite la Corte de Constitucionalidad para el resguardo de los derechos y garantías de todos los habitantes del país.

 

Guatemala, 23 de julio de 2019