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- Publicado: Viernes, 19 Enero 2018 10:01
ANTE LAS ACCIONES PROMOVIDAS PARA SOCAVAR EL ESTADO DE DERECHO A LA OPINIÓN PÚBLICA MANIFIESTA:
Que el Estado de Derecho implica la existencia de un cuerpo normativo que crea y limita el poder público, a través de un conjunto de instituciones jurídico-políticasautónomas, que ejercen controles recíprocos, los cuales deben respetar, promover y consagrar los derechos humanos.
Conforme el cuerpo normativo estatal, estas instituciones deben dirigir todas sus acciones hacia la realización del bien común el cual, conforme el artículo 1 de la Constitución Política de la República, es el fin supremo del Estado de Guatemala.
Al confrontar las acciones emprendidas por ciertos grupos organizados, queda clara su intención de socavar la institucionalidad pública, con miras a destruir el Estado de Derecho, al atacar el sistema de pesos y contrapesos que es característico del Estado Republicano y con ello toda posibilidad de desarrollo integral de los habitantes del país.
Lo dicho queda de manifiesto ante la utilización sistemática de los distintos procedimientos y recursos legales con miras distintas a las de beneficiar a la población de Guatemala. Sobre esta situación caben citar, entre otros, los siguientes casos: los ataques en contra de: la Institución del Procurador de Derechos Humanos, La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el Ministerio Público (MP), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Corte de Constitucionalidad, así como a jueces que han demostrado su independencia al impartir justicia.
Asimismo han presentado iniciativas de ley que impulsan la impunidad y la restricción de los derechos civiles y políticos, como las iniciativas de Ley de Organizaciones no Gubernamentales o contra el terrorismo; la aprobación de universidades que no cuentan con los requisitos esenciales de funcionamiento; y, en general, la sistemática eliminación de cualquier funcionario o empleado publico que no se actué en pro de la corrupción y la impunidad.
Intentan a través de agresiones en las redes sociales restringir los derechos civiles y políticos, entre otros la libertad de expresión, con ataques directos a periodistas independientes, a quienes impulsan el Estado de Derecho y a quienes reclaman sus derechos a través de la movilización social.
Estos grupos organizados están en contra de cualquier ejercicio de la función pública transparente, independiente y que promueva la rendición de cuentas. Utilizan argumentos que apelan a un mal entendido nacionalismo, utilizando de manera tergiversada conceptos tales como soberanía y legalidad. Se sustentan en el mero formalismo y en una interpretación arbitraria de las normas, buscando confundir a la población en general.
No se debe permitir que sigan actuando impunemente, haciendo uso indebido de las normas y preceptos legales para garantizar sus espurias prerrogativas.
Como guatemaltecos y guatemaltecas no permitamos que continue este abuso que únicamente genera miseria, la restricción de derechos llevándonos a un modelo autoritario y no democrático como lo establece la Constitución lo que significa la implantación de la dictadura de los corruptos.
Guatemala, enero 2018
