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Publicado: Viernes, 19 Enero 2018 10:01

 

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ANTE LAS ACCIONES PROMOVIDAS PARA SOCAVAR EL ESTADO DE DERECHO A LA OPINIÓN PÚBLICA MANIFIESTA:

Que el Estado de Derecho implica la existencia de un cuerpo normativo que crea y limita el poder público, a través de un conjunto de instituciones jurídico-políticasautónomas, que ejercen controles recíprocos, los cuales deben respetar, promover y consagrar los derechos humanos.

Conforme el cuerpo normativo estatal, estas instituciones deben dirigir todas sus acciones hacia la realización del bien común el cual, conforme el artículo 1 de la Constitución Política de la República, es el fin supremo del Estado de Guatemala.

Al confrontar las acciones emprendidas por ciertos grupos organizados, queda clara su intención de socavar la institucionalidad pública, con miras a destruir el Estado de Derecho, al atacar el sistema de pesos y contrapesos que es característico del Estado Republicano y con ello toda posibilidad de desarrollo integral de los habitantes del país.

Lo dicho queda de manifiesto ante la utilización sistemática de los distintos procedimientos y recursos legales con miras distintas a las de beneficiar a la población de Guatemala. Sobre esta situación caben citar, entre otros, los siguientes casos: los ataques en contra de: la Institución del Procurador de Derechos Humanos, La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el Ministerio Público (MP), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Corte de Constitucionalidad, así como a jueces que han demostrado su independencia al impartir justicia.

Asimismo han presentado iniciativas de ley que impulsan la impunidad y la restricción de los derechos civiles y políticos, como las iniciativas de Ley de Organizaciones no Gubernamentales o contra el terrorismo;  la aprobación de universidades que no cuentan con los requisitos esenciales de funcionamiento;  y, en general, la sistemática eliminación de cualquier funcionario o empleado publico que no se actué en pro de la corrupción y la impunidad.

Intentan a través de agresiones en las redes sociales restringir los derechos civiles y políticos, entre otros la libertad de expresión, con ataques directos a periodistas independientes, a quienes impulsan el Estado de Derecho y a quienes reclaman sus derechos a través de la movilización social.

Estos grupos organizados están en contra de cualquier ejercicio de la función pública transparente, independiente y que promueva la rendición de cuentas. Utilizan argumentos que apelan a un mal entendido nacionalismo, utilizando de manera tergiversada conceptos tales como soberanía y legalidad. Se sustentan en el mero formalismo y en una interpretación arbitraria de las normas, buscando confundir a la población en general.

No se debe permitir que sigan actuando impunemente, haciendo uso indebido de las normas y preceptos legales para garantizar sus espurias prerrogativas.

Como guatemaltecos y guatemaltecas no permitamos que continue este abuso que únicamente genera miseria, la restricción de derechos  llevándonos a un modelo autoritario y no democrático como lo establece la Constitución lo que significa  la implantación de la dictadura de los corruptos.

Guatemala, enero 2018

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Descargar - Comunicado 2018

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Publicado: Martes, 16 Enero 2018 16:50

 

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Publicado: Martes, 21 Noviembre 2017 16:15

 

Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein

al concluir su misión a Guatemala

19 de noviembre de 2017

 

 

Descargar Declaración del Alto Comisionado

 

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Publicado: Miércoles, 01 Marzo 2017 05:58

La Fundación Myrna Mack invita a los y las interesadas en aplicar a la consultoría

"Diseño metodológico y adaptación de contenido del manual didáctico sobre la ética en la administración pública"

 

 

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Publicado: Lunes, 16 Enero 2017 18:42

 

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LA FUNDACIÓN MYRNA MACK
ANTE LA PRECARIA SITUACIÓN ÉTICA Y DE CREDIBILIDAD
QUE ATRAVIESA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A LA OPINIÓN PÚBLICA

HACE SABER:

Que interpuso ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial denuncia en contra la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA, por haber cometido violaciones a la Constitución Política de la República, la Ley de Carrera Judicial y las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial.

El 13 de diciembre de 2016 la Magistrada SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA difundió un comentario de Ricardo Méndez-Ruiz, a través de WhatsApp, en el que se calumnia y difama a Helen Mack, sin siquiera haber leído la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Diario Militar, sentencia que no se ha cumplido, razón por la que Guatemala fue declarada en desacato por incumplimiento de sentencia. Además WhatsApp no es una red social como lo son Twitter y Facebook, dicho comentario sale de su teléfono móvil de uso personal y/u oficial.

Es inaceptable que la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia comprometa su imparcialidad y con ello la credibilidad de la Magistratura, externando y difundiendo información malintencionada. El Organismo del Estado que por excelencia debe ser independiente e imparcial está siendo presidido por una persona que actuó en detrimento de la justicia, los derechos humanos, el derecho internacional y que se olvidó de la sujeción a la ley y del respeto a la Constitución y, con ello, violentó los valores, principios éticos y objetivos del Organismo Judicial. Su acción al haber reenviado y difundido la calumnia y difamación expresa su criterio como presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y envía un nefasto mensaje a los jueces y magistrados que tramitan casos de derechos humanos. Estos hechos hacen meritoria la renuncia al cargo de la denunciada.

La garantía de imparcialidad y apego a los principios y valores que inspiran la administración de justicia exige que, todos y cada uno de quienes integran la Corte Suprema de Justicia, se comporten conforme los preceptos éticos y legales en lo público como en lo privado, absteniéndose de expresar por cualquier medio, su parecer de la naturaleza que sea. La ética está vinculada con el requisito constitucional de reconocida honorabilidad estipulado en los artículos 113, 207 y 214 de la Constitución.

Por lo anterior, la Fundación Myrna Mack espera que la Junta de Disciplina del Organismo Judicial resuelva conforme a derecho la denuncia planteada y en consecuencia, decrete la SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SALARIO de SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA de manera que se establezca el precedente de que nadie está por encima de la ley.

Guatemala, 16 de enero de 2017

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Publicado: Jueves, 13 Octubre 2016 09:41

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Ante la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad
dentro del Amparo interpuesto por la elección de
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
HACE SABER:


Al interponer una acción de amparo la Corte tiene la posibilidad de decretar el amparo provisional, es decir, tiene la posibilidad de proteger los derechos violados mientras se dicta la sentencia definitiva.

En el caso iniciado por la elección de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, la Corte de Constitucionalidad se negó a proteger provisionalmente los derechos que fueron vulnerados, manteniendo vigentes las violaciones denunciadas. Estas violaciones son de distinta naturaleza y afectan a distintas personas.

Al permitir que un Magistrado Suplente participara en la elección de Presidente de la CSJ, se le negó la posibilidad de elegir y ser electo a quien resultaría nombrado como Magistrado Titular, quien fue la Licda. Elizabeth Mercedes García Escobar.

La propia Licda. Valdés ha expuesto dentro de la acción de amparo, que estando por vencerse el período del actual Presidente de la CSJ y ante la falta de certeza respecto a la elección del nuevo Magistrado Titular, se integró el pleno de la CSJ con un Magistrado Suplente y, el 26 de septiembre, se llevó a cabo la sesión extraordinaria para la elección de Presidente de la CSJ. Sin embargo, fue tan sólo un día después de electa la Licda. Valdés como nueva Presidenta de la CSJ y del Organismo Judicial, es decir el 27 de septiembre, que el Congreso de la República eligió a la nueva Magistrada Titular, tal y como lo habían difundido diversos medios de comunicación en días anteriores. Lo anterior, sumado a que el voto del Magistrado Suplente fue determinante para elegir a Silvia Patricia Valdés Quezada como Presidenta de la CSJ, llama fuertemente la atención y despierta una serie de suspicacias que cuestionan no sólo la legalidad de la elección, la cual claramente violentó el debido proceso, sino además atenta contra la independencia judicial.

Además, las violaciones cometidas afectan a todos los guatemaltecos porque la confianza en el sistema de justicia del país se quebranta al saber que la CSJ y el Organismo Judicial es presidido por una persona electa dentro de un proceso seriamente cuestionado que no garantiza la independencia e imparcialidad y que por lo tanto, posibilita que atienda exigencias que no necesariamente responden a la justicia.

Hacemos un llamado a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que analicen la posible existencia de conflictos de interés dentro de la tramitación y resolución del Amparo interpuesto y, de ser así, recordamos que la ley los faculta para inhibirse dentro del caso con el objetivo de garantizar la independencia e imparcialidad.

Por lo anterior y pese a la infortunada denegación del amparo provisional, exigimos a la Corte de Constitucionalidad que cumpla con su deber, que defienda la Constitución Política y con ello, garantice el respeto a la legalidad, al debido proceso, a la independencia judicial y al Estado de Derecho.

Guatemala, 12 de octubre de 2016

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Publicado: Jueves, 06 Octubre 2016 12:02

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Ante la reciente elección de
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia,
la Fundación Myrna Mack

HACE SABER:


El proceso mediante el cual se eligió a Silvia Patricia Valdéz Quezada como Presidenta de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- para el período 2016-2017 es nulo y, por lo tanto, la integridad de la CSJ es dudosa y se puede cuestionar.
La presidencia de la Corte Suprema de Justicia es rotativa, por lo que anualmente se elige a quien presidirá la CSJ y el Organismo Judicial. La elección, conforme a la ley, debe realizarse entre los 13 Magistrados que integran dicha Corte, quienes por mayoría calificada designan a quien presidirá uno de los poderes del Estado.

Debido a la renuncia del ahora ex magistrado Douglas René Charchal, el Congreso de la República debía elegir a quien lo sustituirá para finalizar el período para el cual fue electo; mientras esto sucedía, tal y como lo establece la ley, el pleno de la CSJ debía integrarse con un magistrado suplente electo de entre los Presidentes de las Salas de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, para conocer asuntos jurisdiccionales, no así para la toma de decisiones administrativas como lo es la elección de la Presidencia.

En la elección de la Licda. Valdéz Quezada, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia vulneraron el Debido Proceso ya que decidieron integrar el pleno con un magistrado suplente, sabiendo que elegirían a su nuevo Presidente y con ello, violaron lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley del Organismo Judicial.

La ilegal e ilegítima integración del pleno para la elección de Presidente de la Corte Suprema de Justicia despierta muchísimas suspicacias. ¿Qué pasaría si el magistrado suplente hubiese resultado electo como Presidente de la CSJ?, sabiendo que el magistrado suplente fue electo por la CSJ ¿podría existir un conflicto de intereses?, si el Congreso ya estaba en proceso de elegir al nuevo magistrado titular ¿cuál era la prisa en elegir a la nueva Presidenta?, ¿por qué violentar el debido proceso?, ¿existe algún interés específico en que la Licda. Valdéz Quezada presida la CSJ?, ¿acaso esto no pone en riesgo la imparcialidad de la Corte?

Como consecuencia de la irresponsable, ilegal e ilegítima decisión de los magistrados de la CSJ, la más alta magistratura del Organismo Judicial se encuentra en una penosa situación de descrédito, en donde su independencia e imparcialidad están en entredicho.

Exigimos a la Corte de Constitucionalidad que resuelva conforme a derecho la acción de Amparo interpuesta por la Fundación Myrna Mack, en la cual se señalan las irregularidades anteriormente expuestas y, hacemos un llamado a todos los guatemaltecos para juntos fiscalizar este proceso y así proteger la integridad del Organismo Judicial, la legalidad, el debido proceso y el Estado de Derecho.

Guatemala, 6 de octubre de 2016

 

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Publicado: Miércoles, 14 Septiembre 2016 16:44

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