Resumen Proceso Nacional
Una vez seleccionada a la víctima y cometido el asesinato, el plan consistía, al igual que en otros operativos ejecutados por la Inteligencia militar, en el encubrimiento de los autores materiales e intelectuales del mismo, obstaculizando la administración de justicia mediante la utilización de diferentes métodos. Así, en el subsecuente proceso judicial interno se acumularon, y se siguen acumulando, una gran cantidad de irregularidades tanto en la fase de investigación como en la propiamente judicial. El caso Myrna Mack ha estado bajo la responsabilidad de doce diferentes jueces, desde el juez de paz que realizó las primeras diligencias, hasta la Corte Suprema. A lo largo de su desarrollo, el proceso se ha dilatado enormemente debido tanto a la presentación de múltiples recursos por parte de los procesados como al incumplimiento de los plazos procesales por parte de las instancias judiciales, características que no sólo se han presentado en este caso, sino en todos los desplegados en Guatemala por violaciones a los derechos humanos en los que han intervenido agentes del Estado. Esta serie de acciones, estrategias dilatorias y falta de voluntad para el esclarecimiento de éste y otros casos similares son las que denominamos cuellos de botella que asfixian cualquier proceso dificultándolo, retardándolo y, por último, obstaculizándolo de manera indefinida para lograr la impunidad de los responsables.
La hermana de la víctima, Helen Mack, es quien junto con otras personas, ha tratado durante más de una década de hacer y obtener justicia en este caso. Todos ellos han tenido que pagar un alto precio por desafiar la impunidad generalizada que existe en Guatemala respecto de los casos de violaciones de los derechos humanos. Afortunadamente, y a diferencia de la gran mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en este país, donde existe una impunidad total, la perseverancia y el tesón de los interesados por esclarecer el crimen ha producido algún resultado. En efecto, y como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el presente caso “ha habido una impunidad parcial, toda vez que uno de los autores materiales del asesinato, el Sargento Mayor Especialista del grupo de la sección seguridad del Estado Mayor Presidencial Noel de Jesús Beteta Alvarez, ha sido juzgado y condenado (…) Sin embargo, hasta la fecha han pasado más de 10 años desde que se perpetró la ejecución extrajudicial y quienes planearon y ordenaron el asesinato de Myrna Mack aún no han sido sancionados”.
El proceso judicial seguido contra los asesinos de Myrna Mack puede ser dividido en dos partes.
La primera parte comprende el periodo que va desde que el Juez de paz se constituyó en el lugar de los hechos el mismo día en que éstos ocurrieron (11 de septiembre de 1990) hasta la resolución de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia contra el miembro del Estado Mayor Presidencia, sargento Noel de Jesús Beteta, y dejó abierto el proceso contra Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio, Juan Guillermo Oliva Carrera, en calidad de autores intelectuales, y Juan José Larios, Juan José del Cid Morales y un individuo apellidado Charcal, ya que de lo actuado se deducían sospechas de su posible concurso (9 de febrero de 1994). Contra dicha resolución se interpusieron tres recursos de amparo el 10 de marzo de 1994 que la Corte de Constitucionalidad denegó el 6 de diciembre de 1994, notificando su decisión el 9 de marzo de 1995. Es decir la administración de justicia tardó más de cinco años para sentenciar definitivamente a uno de los autores materiales y dejar abierto el proceso contra los supuestos autores intelectuales del asesinato.
La segunda parte comprende el periodo que va desde que el Tribunal Militar, competente en aquel tiempo para juzgar a los inculpados, recibió la causa (diciembre de 1995) para seguir el proceso dejado abierto contra los otros presuntos responsables del asesinato de Myrna Mack, hasta el auto de apertura de juicio oral contra Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio, Juan Guillermo Oliva Carrera y que aún en octubre de 2001 continúa paralizado. Esta segunda fase ha estado y está siendo salpicada por los diferentes recursos impugnatorios presentados por los procesados, y el trámite que les han dado los tribunales -algunos de ellos se encuentran todavía pendientes de resolución- medios éstos que han obstaculizado la justicia en pro de la impunidad.