ANTE LAS ACCIONES PROMOVIDAS EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN CONTRA DEL PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS

A LA OPINIÓN PÚBLICA  MANIFIESTA

 

El procurador de los Derechos Humanos fue instituido por la Constitución Política en sus artículos 273 y 274, no teniendo en la historia constitucional del país antecedente alguno. La fuerza de sus pronunciamientos radica en la opinión pública y en el prestigio que les da la solidez y oportunidad de sus declaraciones, que respalda con la publicidad de las mismas.

Las funciones del procurador de los Derechos Humanos están asignadas por la Constitución y la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso. El artículo 8 de dicha Ley consigna que en el cumplimiento de sus atribuciones no está supeditado a organismo, institución o funcionario alguno.  Por tanto, debe revestir el ejercicio de cada una de ellas el actuar con independencia respecto del Congreso y de cualquier otro órgano o entidad pública.

El proceder del actual procurador se ha caracterizado  por la defensa de los derechos humanos y en tal sentido solo ha actuado conforme las facultades legítimas que tiene para supervisar la administración pública, siendo como tal un fiscalizador de ésta. Su objetivo es doble, asegurar un adecuado funcionamiento de la actividad administrativa y tutelar los derechos de las personas frente a la administración.

Hasta el momento, el Procurador de Derechos Humanos ha sido respetuoso de su mandato, el cual no consiste en congraciarse con los Órganos del Estado, incluido el Congreso de la República, sino, más bien, velar por la salvaguarda de los derechos de todas las personas en Guatemala. Aún así, cuando ha sido llamado al Organismo Legislativo se ha presentado. Así mismo ha respondido a las interrogantes que los diputados le han formulado, a pesar de que las dirigen con una evidente tendencia a intentar desprestigiarlo.

Por ello es más que reprochable el nuevo ataque promovido en contra del Procurador por un diputado del Congreso de la República, que invoca circunstancias que ya fueron aclaradas en su momento ante el mismo Congreso y ante la opinión pública. Entonces cabe preguntar, ¿cuáles son las verdaderas razones que impulsan estas acciones espurias?  Sin duda es porque el procurador, en su calidad de magistrado de conciencia, les resulta demasiado incómodo y les recuerda constantemente que no se está cumpliendo el propósito del Estado, como lo es garantizar el desarrollo de las personas, la justicia, la seguridad  y sobre todo el bien común.

Diputados del Congreso de la República, basta ya de ataques en contra del Procurador de Derechos Humanos.

Guatemala, 15 de octubre de 2018

 

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