ANTE LA NECESIDAD DE PRESERVAR EL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICIA NACIONAL MANIFIESTA:
Que la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 2, 30, 31 y 35 reconoce la obligación del Estado, a través de sus autoridades gubernamentales, de asegurar a los habitantes del país: la justicia, la publicidad de los actos administrativos, el acceso a archivos y registros estatales y la libre emisión del pensamiento. En consecuencia, cualquier acción administrativa o de cualquier otra naturaleza, debe dirigirse a garantizar estos derechos.
En este marco, desde su descubrimiento en 2005, el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) constituye un fondo documental de inapreciable valor para todas las personas que desean indagar en los hechos y circunstancias de la historia nacional. En tal sentido, es una importante fuente de información para el análisis académico como para la concreción del derecho a la verdad. De tal suerte que dicho archivo debe ser administrado adecuadamente, tomando en cuenta las reglas técnicas de la archivística moderna, que se complementan con el personal e instalaciones idóneas.
Ahora el ministro de gobernación, bajo el argumento de que se trata de información sensible, quiere que el archivo sea administrado por la Policía Nacional Civil, es decir que quede en control del ministerio que él preside. Si el archivo se traslada a otro ministerio que no sea el pertinente para su cuidado, pone en peligro la permanencia de los 70 millones de documentos allí resguardados.
Por su naturaleza, resulta más que pertinente que el AHPN esté bajo el resguardo técnico del Archivo General de Centro América, dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes. La consideración de que el Ministerio de Gobernación y sus dependencias quieran hacerse cargo de dicho fondo, resulta más que desafortunada, además de que podría significar la pérdida de datos que permiten comprender, muchos de los hechos que han estructurado la realidad nacional reciente.
Precisamente, el Archivo General de Centro América ha realizado esfuerzos significativos no solo para custodiar adecuadamente el AHPN sino, también, ha procurado cuidar otros miles de documentos históricos de interés para el país. En consecuencia, cuenta con personal técnico que, por mérito propio, tienen el conocimiento necesario para preservar los acervos documentales.
No existe, al menos en el sector público, otra dependencia estatal que pueda asumir la enorme responsabilidad de custodiar, sistematizar y brindar acceso a sus fondos documentales históricos, distinta del Archivo General de Centro América, ente creado ex profeso para dicho cometido.
Ahora que se discute el futuro del AHPN es imprescindible que cualquier decisión administrativa o de cualquier otra naturaleza que pueda asumirse al respecto, se encamine a su conservación, sistematización, estudio y facilitación de acceso. No debe, por tanto, trasladarse a entes ministeriales cuya función y naturaleza, no es la apropiada para una tarea técnica tan precisa. Resulta preocupante que el archivo pueda trasladarse a entidades públicas, que no pueden garantizar a todas las personas en el país, que su fondo documental permanecerá en las condiciones pertinentes de conservación.
Por lo manifestado exigimos a las autoridades del Organismo Ejecutivo que el AHPN continúe a cargo del Archivo General de Centro América del Ministerio de Cultura y Deportes. Que se busquen las soluciones adecuadas, en cuanto a un lugar apropiado para sus instalaciones, contar con el personal profesional y técnico y que se coordine con instituciones académicas de prestigio, nacionales e internacionales, como lo pueden ser universidades, para que el archivo pueda contribuir a cimentar el derecho que tenemos todos los habitantes del país de acceder a los archivos y registros estatales, pero, sobre todo, para conocer la verdad de los hechos que han definido la historia del país.
¡Digamos no a la destrucción del acervo documental histórico guatemalteco!
Por el derecho a la verdad