El sistema de justicia es un baluarte del Estado Democrático Constitucional de Derecho, pues es a través del mismo que puede discutirse, en medio de las garantías procesales apropiadas, la situación jurídica de las personas y, con mayor razón, la de aquellas que momentáneamente ejercen el poder público. 

En ese sentido, la FMM llevó a cabo un monitoreo de naturaleza descriptiva, sobre la implementación de la LCJ, decreto legislativo 32-2016. El enfoque es principalmente cualitativo, pero se complementa con una visión cuantitativa, a efecto de determinar las acciones ejecutadas por el Organismo Judicial (OJ) para promover un eficaz y transparente sistema de justicia, respetuoso de la normativa y tendiente a un adecuado ejercicio de la judicatura de forma independiente, e identificar posibles falencias y cuellos de botella en la tramitación de quejas ante el régimen disciplinario del sistema de carrera judicial. 

En ese orden de ideas, se planteó como objetivo general establecer la forma en que la implementación de la LCJ contribuye a asegurar la independencia y eficacia del trabajo de jueces y magistrados del sistema de justicia guatemalteco. Además, para el cumplimiento de dicho objetivo, se establecieron los siguientes objetivos específicos: a) Identificar las acciones realizadas por el CCJ en la implementación de LCJ; b) Establecer los alcances y límites de la independencia funcional del CCJ; c) Establecer el funcionamiento de las figuras e instituciones jurídicas creadas por la LCJ; y d) Determinar cómo incide el estado de implementación de la LCJ para la consecución de la transparencia y efectividad del sistema de justicia. 

En virtud de lo anterior, se inició el trabajo tomando en cuenta el marco normativo que regula la selección de autoridades en el sistema de justicia y la Carrera Judicial. Asimismo, derivado que la LCJ regula, bajo una nueva perspectiva, el trabajo de la JDJ y la JDJA para el conocimiento de las faltas cometidas por jueces y magistrados, así como la labor de prevención e investigación encomendada a la SGT, se incluyó un apartado que aborda la actuación de dichos órganos y el nivel de efectividad y transparencia con que actúan. 

Finalmente se hace un breve análisis de seis expedientes paradigmáticos, en los cuales fueron denunciados: La Magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada; los Magistrados Jaime Amílcar González Dávila y María Eugenia Morales Aceña; el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar; la jueza Erika Lorena Aifán Dávila; el juez Pablo Xitumul de Paz; y el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda. El análisis de dichos expedientes pretende ejemplificar los cuellos de botella que pueden existir en la tramitación de las quejas ante el sistema disciplinario regulado por la LCJ. 

En virtud de lo anterior, el presente informe de monitoreo constituye una aproximación al estado del sistema de justicia nacional, a través del análisis específico de uno de los componentes esenciales del sistema de carrera judicial: el régimen disciplinario.

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