El sistema de justicia penal guatemalteco, hasta antes de 2008, afrontaba precariamente los casos de delitos cometidos por la delincuencia común. A esto se añadía la falta total de experiencia y mecanismos pertinentes para encarar el fenómeno delincuencial organizado, en especial en sus manifestaciones menos evidentes: la corrupción e impunidad en la administración pública.
Fue a partir de la interacción y coordinación entre la Comisión Internacional Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), que se logró la promoción de casos judiciales de mayor complejidad, que involucraron tanto a personas del ámbito gubernamental a todo nivel, como del empresariado vinculado a casos de corrupción. El avance durante la referida interacción resultó significativo.
Sin embargo, a partir de 2018 durante el gobierno de Jimmy Morales, quien se encontraba bajo investigación de la CICIG por su presunta participación en financiamiento electoral ilícito, se inició un proceso para poner fin unilateralmente al acuerdo que originó la CICIG y, paralelamente, los avances mencionados empezaron a manifestar retrocesos. Paulatinamente, cambios a lo interno del Ministerio Público, provocados tanto por acciones desde la propia institución como promovidas por personas y entidades externas, afectaron la infraestructura administrativa y, por su lado, en el Organismo Judicial, se inició un claro ataque en contra de personas que ejercían la judicatura en el sistema de mayor riesgo. La situación descrita afecta, sin lugar a duda, el desenvolvimiento de las actividades procesales penales a través del debilitamiento de la institucionalidad del sistema de justicia, que había logrado evidenciar el funcionamiento de estructuras delictivas dentro de instituciones gubernamentales.
Los procesos han sido retomados por otros actores y ha prevalecido la aplicación de criterios que podrían fomentar impunidad, principalmente para actores corruptos, con las consecuencias nefastas que ello implica no sólo para la administración de justicia, sino para todo el país. A partir de ahí, la importancia de evidenciar los retrocesos en el marco de la lucha contra la corrupción e impunidad.
