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- Publicado: Viernes, 17 Enero 2020 14:55
ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO DEL DECRETO 10-2019 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ACEPTACIÓN DE CARGOS
El procedimiento especial de aceptación de cargos contenido en el decreto del Congreso 10-2019 es contrario a los valores y principios que inspiran la Constitución Política de la República y los derechos y garantías de la población guatemalteca en general por las siguientes razones:
Solo puede beneficiar a un grupo muy específico de la población, aquellos que puedan pagar la reparación.
La aceptación de los “cargos” realizada en la audiencia de primera declaración, impide la fiscalización de los medios de convicción presentados por el Ministerio Público, así como la presentación de medios de convicción por parte del acusado que permitan la modificación de la calificación jurídica realizada en la imputación.
No contribuye en nada al trabajo que le corresponde al Ministerio Público como lo es, velar por el efectivo cumplimiento de las leyes del país (incluida la Constitución) y el ejercicio de la acción penal pública. En efecto, reduce la intervención de los fiscales a la imputación o acusación y a trasladar copia de los medios de investigación (artículos 491 Bis y 491 Ter).
Excluye del proceso especial para la aceptación de cargos al querellante adhesivo, circunstancia que es contraria al derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.
La aplicación de ese proceso especial, implica que al juez de primera instancia penal se le obliga a aceptar automáticamente la aceptación de cargos promovida por el imputado y emitir sentencia condenatoria, únicamente sustentado en la confesión vertida, sin que tenga oportunidad de valorar medios de convicción y fundamentarse sobre los presupuestos procesales y cumplimientos de requisitos del procedimiento especial impugnado.
Además, distorsiona el papel que deben asumir los jueces, quienes no deben inmiscuirse en la producción de la prueba. El juez, a diferencia de las partes, debe ser imparcial, de lo contrario, se estaría retornando al sistema inquisitivo.
Limita el derecho a la revisión integral de la sentencia producto del procedimiento especial de aceptación de cargos a través de un recurso efectivo (artículo 491 Quaterdecies).
Finalmente, se debe dejar en claro que cualquier reforma al sistema de justicia penal, debe ser el resultado de un proceso de reflexión, análisis y discusión técnica y objetiva, que además disponga, del tiempo necesario para su implementación (vacancia legal) y no, que de pronto, se pretenda aplicar, sin que estén sentadas las bases necesarias para alcanzar las metas coherentes con lo regulado en la Constitución y las leyes vigentes del país.
Guatemala 17 de enero de 2020
