La situación actual del Consejo Superior Universitario (CSU) refleja una correlación de fuerzas marcada por el control político consolidado por Walter Mazariegos, resultado de una estrategia sostenida que ha combinado mecanismos administrativos, jurídicos y de presión institucional. Aunque formalmente el CSU mantiene una representación plural de sectores universitarios, en la práctica opera bajo una mayoría funcional que supera la mitad de los votos con derecho a decisión, lo que permite dirigir la agenda, condicionar procesos de renovación y bloquear intentos de reconfiguración interna. A ello se suma la permanencia de consejeros con períodos vencidos y la negativa de dar posesión a representantes electos, incluso tras resoluciones judiciales firmes y de rango constitucional, configurando un escenario en el que la legalidad formal es utilizada como herramienta de dominación política dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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