Los pactos subyacentes y las redes de poder en el organismo legislativo han distorsionado la democracia guatemalteca, extendiendo sus alcances e influencias hacia la institucionalidad en casi todo el país. La fuerza legislativa acumulada del núcleo duro está integrada por al menos 56 legisladores de 9 bancadas distintas, y se entreteje, con las redes de carácter regional que incluyen unas 43 figuras políticas consolidadas y 17 en formación, cuya presencia alcanza los 22 departamentos del país.

Hay que enfatizar que este nivel de incidencia de redes de poder en el Congreso de la República afecta “…la legitimidad de una institución fundamental para el Estado de derecho, por ser la rama encargada de promulgar las leyes de la República. Este fenómeno [lleva] a una situación paradójica y problemática para la consolidación democrática de un Estado: La legitimidad de ciertas leyes puede incluso ponerse en duda, porque su cumplimiento puede llegar a favorecer intereses excluyentes o incluso criminales, en detrimento del interés común que exige el Estado de derecho” (Garay Salamanca / Salcedo Albarán, 2012: 38). Esta situación es denominada por los mismos autores como “Paradoja del Estado Cooptado” y puede caracterizar la situación que ha determinado la actuación legislativa no solamente durante esta legislatura (2016 – 2020), sino también de varios periodos previos.

Las RPEI –tanto las de alcance nacional como las de carácter regional– son entramados complejos y transicionales, que se desplazan entre lo público y privado, entre lo gubernamental y los empresarial, entre lo lícito y lo ilícito y entre lo formal y lo informal, y tienen por finalidades lograr: a) poder indebido (político y/o económico), b) influencia indebida (política y/o económica, c) impunidad para sus acciones ilícitas y d) enriquecimiento indebido” (CICIG/MP, 2015). Estas realidades de poder han desnaturalizado la institucionalidad y los equilibrios del sistema democrático, pues, la ‘finalidad’ del ejercicio de poder no se caracteriza por los preceptos constitucionales del bien común, sino por simples intereses y beneficios particulares.

El poder se realiza de forma indebida. Es decir, no es exclusivamente lícito o ilícito, sino se sirve de ambos extremos; de la misma manera que se realiza en los conductos formales/transparentes e informales/secretos de la institucionalidad. Este ejercicio indebido de poder se materializa en el enriquecimiento particular (e ilícito) y la impunidad y –de manera paralela– se perpetúa en la profundización de las propias desigualdades y asimetrías de poder que genera y recrea. Estas paradojas y contradicciones –señaladas en 2015 por CICIG en el informe temático sobre el financiamiento de la política en Guatemala– tienen vigencia en 2019. La coyuntura señala dos eventos claves: i) las elecciones generales en el país y ii) el nombramiento de integrantes de las principales cortes.


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